El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, va a iniciar esta semana una ronda de contactos telefónicos con los presidentes autonómicos para conocer sus posturas y evitar que se siga dilatando el debate sobre el nuevo modelo de financiación que vienen reclamando todas las regiones de España para sustituir el aprobado en 2009 por el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Lo ha anunciado el propio Moreno esta mañana a través de redes sociales, subrayando que «el diálogo es la base del acuerdo». El presidente andaluz se confiesa «un convencido de ello», al tiempo que recuerda que «Andalucía ha tendido su mano desde el principio para lograr un nuevo modelo de financiación autonómica que preserve la igualdad y sea justo».
El portavoz y consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha explicado tras la reunión del Consejo de Gobierno que Moreno «pasa a la acción» abriendo esta ronda de contactos con otros presidentes autonómicos tras no haber obtenido respuesta a las tres cartas remitidas desde San Telmo a Moncloa reclamando una reunión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar asuntos de interés como el de la financiación autonómica.
Los contactos con otros presidentes persiguen «consensuar y coordinar» estrategias para construir los mensajes sobre un nuevo modelo de financiación autonómica «sin mirar el color político» de los distintos ejecutivos autonómicos. Bendodo ha enfatizado que el presidente da este paso desde la «máxima lealtad institucional» y que en modo alguno el objetivo es conformar un «frente común» al estilo del que en su día protagonizaron la ex presidenta de Andalucía, Susana Díaz, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, «contra» el Gobierno de Mariano Rajoy.
Bendodo ha añadido que Andalucía quiere «liderar» este debate y que va a reclamar «con uñas y dientes lo que corresponde a esta tierra» a través del «nuevo andalucismo», una corriente abanderada por Juanma Moreno consistente en «defender a Andalucía con todas las consecuencias» y reclamar al Gobierno «hasta el último céntimo» que le debe.
