El gobierno del PSOE y Podemos quiere ocultar el número de altos cargos del chavismo que actualmente están viviendo en España. La respuesta de la administración de Pedro Sánchez a la diputada de Ciudadanos, Marta Martín, indica que no dará información de los funcionarios en activo o ya retirados del régimen bolivariano que se encuentran dentro del país «por razones de protección de privacidad». Justamente la misma excusa que se ha utilizado para negar la publicación del vídeo de José Luis Ábalos con la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez.
Justamente las preguntas de Marta Martín versaban principalmente sobre los encuentros del ministro de Transportes con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y el ministro de Turismo, Félix Plasencia, pero en ese punto el Gobierno del PSOE y Podemos responde que ya dio «cumplida información» en el Pleno del Congreso, donde José Luis Ábalos fue interpelado por el Partido Popular.
En este sentido, sólo aportan información que resulta perjudicial para la lucha contra el tirano Nicolás Maduro. En línea con las peticiones del régimen bolivariano, el gobierno de España respalda la celebración de unas votaciones para escoger a la nueva Asamblea Nacional (hasta el momento en manos de Juan Guaidó), pero no indican si dicha votación se realizará o no con el dictador aferrado al poder, ya que esto supondría una irregularidad y una condicionante para que los comicios no cuenten con la transparencia básica.
La Asamblea Nacional es el único órgano constitucional que aún está en manos de la oposición a Nicolás Maduro –de hecho, el régimen impulsó una Asamblea Nacional Constituyente para quitarle poder– y ese espacio de representación está en juego en las próximas elecciones, previstas para el 6 de diciembre.
La oposición a Maduro, por boca del comisionado presidencial Julio Borges, ha avisado de que celebrar únicamente elecciones parlamentarias –como querría el régimen– «no es la solución», una postura que ha obtenido el apoyo del Grupo de Lima.
Por el momento, el Gobierno quiere, a través de la UE, reactivar el grupo internacional de contacto para buscar una solución. España insiste en que la solución sea «negociada y liderada por los propios venezolanos», según explica el Gobierno en la respuesta parlamentaria.
Sanciones
Además, el Gobierno afirma que seguirá «aplicando de forma plena, tal y como ha hecho hasta ahora, el conjunto de sanciones adoptadas por el Consejo de la Unión Europea en 2017 y renovadas sucesivamente, con actual vigencia hasta noviembre de 2021″.
Eso, recalca el Ejecutivo, «es su obligación en tanto miembro de la Unión Europea y por su compromiso de contribuir hacia una solución de la actual crisis social, política, económica y humanitaria que atraviesa el país».
