El juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla ha dejado visto para sentencia el juicio contra el ex trabajador de UGT-A Roberto Macías, quien admitió que filtró a los medios una serie de documentos que demostrarían una presunta pauta de corrupción en un sindicato al que calificó de «organización criminal».
El hecho de que a alguien que se ha atrevido a denunciar desde dentro una serie de irregularidades que habrían desviado por varias vías hasta 40,7 millones de euros entre 2009 y 2013 se vea encausado por un delito de revelación de secretos y se pida para él una pena de 3 años de cárcel y 60.000 es simple y llanamente penoso, puesto que es una especie de «aviso a navegantes» para futuros «gargantas profundas» que puedan verse en una situación similar y que al denunciar el caso, sabrán que se tendrán que enfrentar a un proceso en el que, en principio serán despedidos y repudiados por sus compañeros, para después ser denunciados y enjuiciados.
El caso destapado por Macías consiguió que la Fiscalía Anticorrupción solicitara penas de hasta siete años de cárcel y multas de 50 millones de euros para la antigua cúpula de UGT Andalucía por el desvío de subvenciones públicas para gastos corrientes del sindicato UGT-A.
En concreto, habrían desviado por varias vías hasta 40,7 millones de euros entre 2009 y 2013, cantidad que ahora deberán devolver a la Junta de Andalucía en forma de indemnización.
