La sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados

Olona ‘entierra’ a Sánchez en el Congreso: «Usted enfrentará un alud de demandas judiciales por su gestión criminal»

“Señor presidente le recomiendo que deje de perder el tiempo interponiendo querellas fraudulentas"

La diputada de Vox, Macarena Olona, se ha convertido en la piedra en el zapato del Gobierno de coalición en cada una de las intervenciones que realiza en el Congreso de los Diputados.

Este miércoles 29 de abril de 2020 le llegó el turno a Pedro Sánchez, producto de la querella impuesta por el PSOE por las supuestas «calumnias graves» de la portavoz adjunta de Vox en el Congreso y sobre la cual se conoció este martes.

Olona había acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de estar ejecutando una «eutanasia» por la vía de los hechos, producto de la falta de acceso de los españoles mayores de 79 años a las Unidades de Cuidados Intensivos durante la pandemia del COVID-19.

Algo que no le hizo gracia a los socialistas, por lo cual acudieron al Tribunal Supremo para intentar acallar a la diputada y para que «se le notifique -a Olona- su imputación, por si voluntariamente desea prestar declaración, o directamente solicite el suplicatorio al Congreso».

La alicantina había respondido ya desde Twitter: «Tiempos difíciles para la libertad».

Pero no iba a perder la oportunidad de mirarle la cara al mandamás del PSOE para recordarle quién será el que recibirá «un alud de querellas».

“Señor presidente le recomiendo que deje de perder el tiempo interponiendo querellas fraudulentas. Es usted y su Gobierno quien se va enfrentar a un alud de querellas y demandas judiciales por su gestión criminal y quizás en ese momento yo ejerza la acusación como abogada del Estado en activo y le pregunte en ese momento: ¿Por qué España fue el país del mundo con mayor número de fallecidos y de profesionales sanitarios contagiados”, expresó Macarena Olona desde su curul en el Congreso.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa ha sido el encargado de responder a la diputada de Vox, pero no lo hizo por el asunto de Sánchez sino para justificar la opacidad en la contratación de empresas para la compra de material sanitario.

“No voy a caer en sus provocaciones, ni en su lenguaje”, se limitó a decir, mientras que justificaba la ineptitud del Gobierno afirmando que han puesto “todos sus recursos para proveernos de material en un mercado muy complicado”.

 

La querella del Consejo General del enfermería contra Sánchez, Illa y Simón

No exagera la diputada de Vox, cuando habla del alud de querellas a las que tendrá que responder el Gobierno de Sánchez.

El pasado 23 de abril se conoció que el Consejo General de Enfermería de España presentó una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en ella señala específicamente a distintos funcionarios, pero destacan tres por su protagonismo ante la pandemia en España: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y varios cargos de su departamento (entre ellos Fernando Simón).

La querella los señala por presuntamente cometer un delito contra la seguridad de los trabajadores, luego de que la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería haya acordado por unanimidad, la ausencia del material de seguridad para asistir a los pacientes con COVID-19 con protección y de forma segura, ha generado una inmensa cantidad de contagios entre profesionales sanitarios, así como el fallecimiento de varios de ellos.

España es el país líder en el porcentaje de sanitarios contagiados con coronavirus, para aquel 23 de abril los sanitarios contagiados alcanzaron la cifra de 34.355, casi un 4 por ciento más que el día anterior y lo que viene a representar un 16,12% frente a los 213.024 casos totales en España.

El Gobierno de Sánchez, por tanto, se enfrenta a una querella muy bien sustentada, ya que los expertos del Consejo General de Enfermería adelantaron una extensa investigación, que tuvo un trabajo preliminar de recopilación de información sobre los medios y materiales de protección de las enfermeras y enfermeros frente al COVID-19.

La pena por el delito señalado en la querella, sustentada con más de 50 folios, es de prisión entre seis meses y tres años, además de la multa de seis a doce meses.

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Autor

Jesús Mitchelle Torres

Licenciado en ciencias fiscales (ENAHP – IUT), especialista en auditoría de Estado (Universidad Simón Bolívar) y magíster en gerencia pública (IESA) con siete años de experiencia como auditor de Estado en Venezuela.

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