Les da igual ocho que ochenta. Aquí de lo que se trata es de asegurar la poltrona, el despachito y, sobre todo, la soldada a fin de mes.
Y no es precisamente el sueldo Nescafé lo que se lleva más de un alto cargo del Gobierno socialcomunista a su cuenta corriente.
Tal y como detalla este 9 de mayo de 2020 el diario ABC, el Ejecutivo de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias han puesto en marcha la máquina de churros gerenciales y han sacado nada más y nada menos que un extra de 24 direcciones generales.
El coste de las mismas sale por un verdadero pico, a un monto total de 2,3 millones de euros al año incluyendo el gasto en Seguridad Social.
Al igual que sucede con esos ‘expertos’ nada secretos de Fernando Simón, los elegidos para ocupar esas mesas de maderas nobles y mullidos sillones no son precisamente las personas más adecuadas para esas funciones.
Contraviniendo punto por punto la legalidad vigente, esos 24 altos cargos no provienem precisamente de la élite funcionarial, sino que han sido elegidos por el dedo caprichoso del socialista y de su socio comunista.
Evidentemente, para no cometer un fraude de ley al 100% para la contratación de esas dos docenas de altos cargos se ha recurrido a la triquiñuela de poder escoger para esos puestos a personas con ciertas ‘características especiales’.
Así las cosas, entre esos méritos contraidos por los elegidos están el haber desempeñado siete de ellos toda o gran parte de su vida laboral como activistas o en la órbita de ONG.
Otros cinco han encadenado asesorias y diferentes responsabilidades en organismos públicos.
Por su parte cuatro proceden de la enseñanza universitaria,aunque solo dos son profesores titulares.
Y sin tener la cualificación A1 requerida, otros tres son funcionarios o lo han sido, -caso de Pere Navarro, jubilado de oro y revalidado a cargo de la Dirección General de Tráfico-, dos son periodistas, uno militar y otra, una jurista especializada del sector privado.
POCA O NULA EXPERIENCIA EN LA EMPRESA PRIVADA
Tampoco sorprende que las personas designadas para esas direcciones generales carezcan de una trayectora acreditada en la empresa privada.
Ejemplos hay varios, pero como señala el ABC destaca el caso de María Jesús Martín, directora general de Política Energética y Minas, adscrita al Ministerio de Teresa Ribera, el de Transición Ecológica. No se le conoce vinculación alguna en el sector privado para que pueda ahora ejercer tamaña responsabilidad.
Valvanera Ularqui, titular de la Oficina de Cambio Climático, solo tiene registrados siete meses en un despacho de abogados entre 1998 y 1999.
Patricia Lacruz, directora general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud, suma desde 2002 puestos en diversos proyectos y organismos sanitarios.
Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 no ha sido capaz de encontrar funcionarios de su gusto para ocupar cuatro de las cinco direcciones generales de su departamento, amén de los Institutos de la Juventud y de Mayores (Imserso) que dependen de él.
A la titular de Igualdad, Irene Montero, le ha sucedido lo mismo con las dos direcciones generales de su organigrama. A falta de un funcionario adecuado a sus necesidades, para la de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial ha nombrado a Rita G. Bosaho, auxiliar sanitario. Ella, junto a Sergio García y el titular del Imserso, Luis Alberto Barriga, graduado, son los únicos tres de este conjunto de nuevos cargos que no constan como licenciados, doctores o equivalente.
También ha tenido la misma dificultad Alberto Garzón, al frente de Consumo. Esta misma semana habilitaba a otro no funcionario para ocupar la Dirección General de Ordenación del Juego, una de las mejor retribuidas. El titular es Mikel Arana, su experiencia laboral más larga son 7 años y medio en el departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del gobierno vasco, así como dinamizador de emprendimiento e interino en la UPV.
