Está la izquierda, mediática y política, celebrando con júbilo que la juez del ‘caso 8-M’ haya archivado la causa contra el delegado del Gobierno de Madrid, el socialista José Manuel Franco, al no apreciar «indicios suficientes» de delito.
No hay más que ver el arranque de la noticia del diario El País: «El tsunami judicial que, según la derecha, iba a suponer el caso 8-M ha resultado una simple marejada. Llena de ruido, eso sí».
Pues bien, como en casi todo, hay letra pequeña. Y vaya que sí la hay.
Bien harían todos esos que se han apresurado a celebrar la ‘victoria’ en contener sus ansias. El resto de la ciudadanía tiene la opción de dudar, por mucho que El País y otros quieran dar carpetazo al asunto. Como sugiere la filósofa Victoria Camps en ‘Elogio de la duda’, «la duda ante lo que desconcierta y extraña, en lugar del exabrupto inmediato, sería una forma de reaccionar más saludable para todos».
Y motivos para dudar hay. Según asegura Vozpópuli, funcionarios de la Delegación del Gobierno cambiaron su versión ante la juez en beneficio de Franco.
En una pieza firmada por Liliana Ochoa y Tono Calleja, este digital asegura que la magistrada, Carmen Rodríguez-Medel, ha facilitado a los empleados públicos una copia de la declaración que previamente habían prestado ante la Guardia Civil. Todos han decidido no ratificar el contenido.
La noticia puede cambiar el signo del tsunami del que se jactaba El País que no iba a haber. «Son una mafia», ha estallado el líder de VOX, Santiago Abascal.
Cinco funcionarios de la Delegación del Gobierno en Madrid modifican la versión que dieron a la Guardia Civil
Según VP, cinco funcionarios que declararon este jueves 11 de junio de 2020 han modificado la versión que primeramente dieron ante los agentes de la Benemérita.
Los empleados públicos le han dicho a la juez que no llamaron a los organizadores de las manifestaciones para invitarles a desconvocar los eventos por temor al coronavirus. Los cinco le han dicho que nunca pretendieron animar a desconvocar.
Sin embargo, los agentes de la Guardia Civil que participaron en el primer informe por el cual el ministro de Interior, Grande-Marlaska, cesó al coronel Pérez de los Cobos, aseguraban en su escrito que los funcionarios de la Delegación habían realizado llamadas a varios convocantes instándoles a cancelar las manifestaciones por la alerta sanitaria.
Según testigos presenciales, los declarantes se cuidaron de criticar la actuación de la Benemérita pero sí pidieron modificar su declaración en el apartado relativo a estas llamadas.
Primero forzaron a la guardia civil para conseguir el informe.
Y cuando lo han obtenido ilegalmente, y han comprobado las evidencias en su contra, han presionado a los funcionarios para que cambiaran la declaración.
Son una mafia.https://t.co/WS7J35b6EZ
— Santiago Abascal ?? (@Santi_ABASCAL) June 12, 2020
Abascal: «Primero forzaron a la guardia civil para conseguir el informe y luego presionaron a los funcionarios para que cambiaran la declaración»
Ya la Guardia Civil en su informe había advertido a la magistrada de la «posible intencionalidad» del delegado de evitar que se registrara su intento de impedir algunas manifestaciones por el brote del coronavirus, ya patente en aquellas jornadas.
Para Abascal, lo sucedido está claro: «Primero forzaron a la guardia civil para conseguir el informe. Y cuando lo han obtenido ilegalmente, y han comprobado las evidencias en su contra, han presionado a los funcionarios para que cambiaran la declaración.«
