Los tribunales de Justicia han tratado de evitarlo pero no así la Policía Nacional. Esta frase sería un buen resumen de lo que está ocurriendo con una denuncia, silenciada en los medios de comunicación pero a la que ha tenido acceso Periodista Digital interpuesta por los representantes del partido Derecho Ciudadano a Decidir, y que afecta directamente al doctor Fernando Simón, al que acusan de “crímenes de lesa humanidad y genocidio” por su nefasta gestión en la crisis sanitarias provocadas por la pandemia del coronavirus.
La Policía de Gandía (localidad valenciana donde se interpuso la denuncia) investiga ahora los hechos después de que, tal y como expresan los denunciantes, el decanato de los Juzgados de ese partido judicial no aceptase –el pasado 13 de mayo- la denuncia alegando que “deberían esperar a terminar el estado de alarma”.
El escrito de los denunciantes es un detallado informe con todas las actuaciones del doctor Simón. Pese a que los representantes de Derecho Ciudadano a Decidir están convencidos del éxito de su demanda, lo cierto es que se han topado con ciertos escollos en su camino, fundamentalmente los económicos.
Por ello, explican en un escrito en las redes sociales, “aunque la denuncia está presentada mediante atestado policial en una comisaría de Gandía, instruida por un inspector de policía ya que el juzgado de guardia no quiso recibir nuestra denuncia (de momento no tenemos dinero para una querella), no hemos conseguido un sólo abogado con el suficiente valor para que nos represente al menos para exigir al juzgado de instrucción al que lo haya presentado la policía que se pronuncie para saber en qué estado está la denuncia para poder actuar en consecuencia”.
Según aseguran los denunciantes y reproducimos literalmente en Periodista Digital “la denuncia está perfectamente fundamentada jurídicamente, nos acogemos al Código Penal español (art. 407 y 407 bis «DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD») para agotar primero las vías legales de nuestro ordenamiento jurídico puesto que la Corte Penal Internacional de La Haya exige este requerimiento para los países no dictatoriales, y las pruebas son irrefutables”.
Y solicitan ayuda para poder sacar adelante la querella: “necesitamos ayuda para juzgar al eslabón más débil de la cadena de este Gobierno de monstruos: Fernando Simón no está aforado”.
Además, adelantan a PD que “no tienen ninguna información y nos la han negado siempre” sobre cómo va la investigación policial. Del mismo modo, informan de que tampoco tienen “contestación sobre una segunda denuncia que también hemos presentado posteriormente ante el mismísimo Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, presidido por la juez María del Carmen Rodríguez-Medel”.
La denuncia, muy bien documentada en relación a la narración de los hechos acontecidos durante los días previos y durante la pandemia, tiene “importante fundamento y base jurídica”, tal y como han asegurado a Periodista Digital fuentes judiciales. Del mismo modo, fuentes policiales han explicado a PD que la denuncia está “en periodo de instrucción”.