Nunca es tarde si la dicha es buena y aunque nos tenemos que remontar a un presunto desfalco de casi 3.000M€ entre los años 2002 y 2012, el juez José Ignacio Vilaplana se ha lanzado a dar el impulso definitivo a la causa política del caso Formación, una causa que se ha realentizado a niveles insospechados por la justicia y que rechina debido al montante escandaloso del dinero supuestamente despilfarrado por la administración autonómica en manos del PSOE, que se une a los cientos de millones de los ERE y demás causas abiertas que demuestran que la gestión socialista ha sido un auténtico despropósito durante los 37 años que han ocupado la presidencia de la Junta.
La titular del juzgado, María Núñez Bolaños no vió o no quiso ver delito alguno en esta causa y mandó archivarlo, hasta que fue reabierta por la Audiencia Provincial de Sevilla dada la acumulación de supuestos delitos que del expediente emanaban. Según nos cuenta ABC Andalucía, en un auto dictado el viernes 31 de julio, el magistrado ordena practicar numerosas diligencias, tal y como ordenó la Audiencia de Sevilla tras tumbar el sobreseimiento de la causa.
Vilaplana encarga un informe de inteligencia policial a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil una vez que analice todos los miles de expedientes de subvenciones para el desarrollo de acciones formativas relativas a Formación Profesional para el Empleo concedidas durante los años 2009 a 2012 por distintos gobiernos socialistas.
La investigación se centra en el control y gestión de los casi 3.000 millones de euros que fueron esquilmados supuestamente a los andaluces para la formación de parados en la comunidad con mayor número de parados de España.
