La larga lista de la vergüenza de Podemos: sus condenados e imputados

La empleada doméstica de Victoria Rosell denuncia que le pagaba en negro y la despidió ilegalmente

La acusada de 'explotadora' es la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género

La empleada doméstica de Victoria Rosell denuncia que le pagaba en negro y la despidió ilegalmente
Victoria Rosell con Pablo Iglesias. PD

No hay un artículo del Código de Penal en el que los de Podemos no tengan un dirigente metido y no como redactor sino en el papel de delincuente: Terrorismo, pederastia, narcotráfico, estafa, agresiones…

Y algo parecido ocurre con la legislación laboral o la tributaria. Cuando no es Monedero, que trae en una maleta el dinero que le dan los torturadores chavistas, es Errejón que cobra una beca black y cuando no es Echenique el que no paga la Seguridad Social de su empleado es Iglesias que se refocila con los mensajes ‘íntimos’ y las fotos ‘guarras’ del móvil de su subalterna.

Pues ha llegado la hora de volver a actualizar la relación de cargos morados con serios problemas con la legislación vigente, porque Simona Chambi, emigrante en España de nacionalidad boliviana, denuncia que la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la podemita Victoria Rosell, y su pareja, Carlos Sosa, la han despedido de forma «improcedente» cuando se encontraba de baja por enfermedad.

La boliviana llevaba más de siete trabajando como empleada de hogar, para la también conocida como ‘Lady Aeropuertos’ por las broncas que montaba exigiendo a la Guardia Civil que la metieran en la Sala VIP y para su marido, supuesto periodista de la órbita del PSOE.

La peripecia laboral de la inmigrante y su relación con Rosell, quien encabezó la candidatura de Podemos por Las Palmas en las elecciones de 2016 y 2019, y el socialista Sosa parece el manual del ‘explotador’.

LA CARADURA

Con una cara que espanta, Rosell ha salido este 21 de agosto de 2020 en su cuenta de Twitterm diciendo la información difundida por ‘El Mundo’ es falsa.

Lady Aeropuertos acusa a «los amigos del juez Alba» de difundir un bulo que, según afirma, sabían desde hace un mes.

LA DENUNCIA

Según la denuncia presentada ante los Juzgados de lo Social de Las Palmas, que ha adelantado el diario ‘El Mundo’, Simona Chambi ha trabajado para la pareja desde septiembre de 2011. Buena parte de este tiempo, sin contrato y cobrando en negro.

Simona explica que inicialmente le pagaban en «dinero negro o b», pero a los cinco meses se plantó y exigió que le hicieran contrato, para poder regularizar su situación en España.

La podemita Victoria Rosell le dijo entonces que «si quería contrato y cotización legal, le descontaría los gastos de cotización a la Seguridad Social», por lo que a partir de ese momento le recortó su sueldo neto y pasó a cobrar 420 euros al mes, según consta en la denuncia.

Cuando se encontraba de vacaciones, Victoria Rosell y su pareja le pedían que subiera cada día a su casa a «dar de comer a un conejo grande y regar las plantas», sin cobrar nada por ello.

Cuando el Gobierno aprobó la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Simona pidió a la juez de Podemos que le actualizara el sueldo.

Victoria Rosell, que en ese momento ya era diputada de Podemos en Madrid, se resistió a hacerlo alegando que, debido a sus desplazamientos semanales en la capital, ahora tenía que atender menos carga de trabajo en la casa.

Simona Chambi se operó de cataratas el pasado 26 de mayo de 2020 y cuando se encontraba de baja médica por incapacidad temporal, recibió un mensaje de whatsapp en el que Carlos Sosa le comunicaba la decisión de rescindirle el contrato.

Con efectos a fecha del 16 de julio de 2020 y una indemnización de 833,34 euros.

En su denuncia, Simona Chambi sostiene que su despido es «nulo» y pide al juez que obligue a la pareja ‘progre’ a readmitirla  o que le abonen la correspondiente indemnización.

UNA MÁS DE UNA LARGA LISTA

Con esto, ‘Lady Aeropuertos’ se suma a la ya larguísima lista de cargos públicos e internos de Podemos denunciados o condenados por infringir la Ley o saltarse las normas a la torera.

En esa relación figura, por ejemplo, María Teresa Fernández, teniente de alcalde de Fuenlabrada condenada por un delito de malversación de caudales públicos por hacer una obra en su casa con dinero y materiales públicos cuando era vicealcaldesa de la localidad en 2012.

Por un delito mucho más grave, el tráfico de drogas, fue condenado y obligado a dimitir José Oliver, dirigente del partido morado en Baleares. Fue condenado en 2013 a 20 meses de prisión y 3.000 euros de multa por la posesión de más de 148 gramos de metanfetamina.

En Asturias, fue el parlamentario regional Enrique López, el que fue acusado de un delito de atentado contra agente de la autoridad y de falta de lesiones. Su condición de aforado hizo que el caso se derivara al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que finalmente le absolvió.

También integra esta lista negra la exparlamentaria en las Cortes Valenciana, Covadonga Peremarch, a la que Podemos tuvo que expulsar del partido por un delito de corrupción.

Uno de los casos más escabrosos y recientes. El candidato de Podemos por Badajoz fue detenido en abril del año pasado por corrupción de menores y delitos relativos a la prostitución

De vuelta a Madrid, especial revuelo mediático provocaron las hermanas Rosa y Paloma Agudo, número 2 y 3 de la lista de Ganemos en Valdemoro. Fueron condenadas a 3 años  de cárcel por un delito de insolvencia punible, por repartirse 600.000 euros que reclamaban a una inmobiliaria.

Uno de los casos más escabrosos se produjo en Castilla León y tuvo como protagonista al parlamentario regional de Podemos, Pedro de Palacio, condenado cuando era menor por abusar de una niña. Acabo dimitiendo de su cargo.

El parlamentario de Podemos en Castilla y León Pedro de Palacio. Dimitió vinculado a un sórdido caso de pederastia.

Problemas con el tráfico de drogas tuvo también el senador por Lanzarote, Ramón Galindo, detenido en 2008 por posesión de cocaína.

También con repercusión en las Cortes Generales, en la relación de ovejas negras de Podemos figura su senadora por Álava, Elvira García, expulsada del partido morado y tránsfuga en el Grupo Mixto. Fue condenada por dejar de pagar el alquiler de la vivienda social de la que disfrutaba en Vitoria. Pese a su nómina de casi 8.000 euros en la Cámara Alta.

El senador de Podemos por Guipúzcoa, Josetxo Arrieta, detenido en su día por pertenecer a un comando de ETA.

Uno de los casos más relevantes lo protagoniza el senador por Guipuzcoa, Josetxo Arrieta, exmiembro de ETA. Con tan solo 18 años fue detenido en San Sebastián, junto a otros dos miembros de un comando terrorista.

El de las agresiones a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es uno de los delitos más habituales en muchos cargos de Podemos. Es el caso de José Bail, exdiputado por Huesca y condenado por agredir en 2012 a la Guardia Civil en una protesta contra el recrecimiento del pantano de Yesa.

Uno de los casos más mediáticos afecta al diputado por Tenerife Alberto Rodríguez, popularmente conocido como el «diputado de las rastas». Precisamente hace dos semanas fue citado por el Tribunal Supremo en relación con un delito de desorden público cometido cuando, en la madrugada del 25 de diciembre de 2006, tuvo un altercado con policías locales en La Laguna (Tenerife).

Por agresión a un concejal del PSOE fue condenado el edil de Podemos en Jaén, Andrés Bódalo. Condenado a tres años de cárcel y por reincidente, permanece en prisión.

En el Ayuntamiento de Madrid, las distintas marcas bajo el paraguas de Podemos tienen a varios de sus concejales imputados. La última, Rommy Arce, por un delito de odio. También Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer por prevaricación y malversación de caudales públicos. La propia portavoz municipal, Rita Maestre, fue condenada por el delito de ofensa a los sentimientos religiosos por asaltar la capilla de la Universidad Complutense.

El delito de estafa tampoco le es ajeno a Podemos. El gaditano Francisco Cano fue condenado por la Audiencia Nacional a siete años de prisión por su participación en la estafa de la empresa de inversión de bienes Arte y Naturaleza. Una estafa de carácter piramidal.

Otro de los casos que más revuelo mediático provocó tuvo como protagonista a la concejal de Guanyar Alicante, Marisol Moreno, conocida como ‘Marisol la Roja’, por injurias al Rey. La Fiscalía pedía para ella 10 meses de cárcel por las frases «absolutamente vejatorias» que dedicó en las redes sociales a la familia real. Finalmente fue condenada a una multa de 6.000 euros por injurias a la Corona.

En 2015, el cabeza de lista de Catalunya sí que es Pot por Tarragona, Gerard Bargalló, se vio obligado a dimitir como diputado en el Parlament al conocerse que cobró el paro de forma irregular.

Otro de los casos más escabrosos, y más recientes, se produjo en Badajoz. En abril del año pasado, su candidato en 2015 Salvador Salvatierra de Toro fue detenido como presunto autor de un delito de corrupción de menores y delitos relativos a la prostitución. La Policía encontró en su domicilio un ordenador con imágenes de menores desnudas.

Otro dirigente de Podemos con problemas con la Justicia es el diputado autonómico extremeño  Eugenio Romero, acusado por dos delitos de coacciones y desorden público. Son los 20 «nombres de la vergüenza» que Pablo Iglesias trata de ocultar.

Pero los problemas con la Justicia, con Hacienda o con la Seguridad Social no le son ajenos tampoco a la cúpula del partido. Los pagos opacos de Venezuela e Irán a Pablo Iglesias, la beca-black de Íñigo Errejón, el caso del asistente sin contrato de Pablo Echenique, los cobros irregulares de Carolina Bescansa o los problemas fiscales de Juan Carlos Monedero son algunos de ellos.

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