En plenos rebrotes de la pandemia de la Covid-19, que en España ya ha costado la vida a más de 50.000 personas según todos los indicadores independientes, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha sacado de la chistera un nuevo ‘conejo’ para distraer a la opinión pública: El Consejo de Ministros aprobaba el Anteproyecto de ley de Memoria Democrática que derogará la polémica Ley de Memoria Histórica que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en octubre del año 2007.
Como dice la nueva ley, del gobierno social-comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, es el «reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas del fascismo», de «los desaparecidos» y «de los exiliados» durante la Guerra Civil y la Dictadura, «así como a las políticas de verdad, justicia y garantías de no repetición», para que la historia no se construya «desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos». Y por supuesto, «incluye el repudio y condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura».
De esta forma, Sánchez e Iglesias pasean y ‘resucitan’ a Franco de nuevo, empuñan los dos bandos, resucitan los fantasmas del pasado como motor político ya que, al parecer, en nuestro país el frentismo sigue siendo un vivero de votos para la izquierda.
Y buena prueba de que esta ley enfrenta a los españoles y los polariza en dos bandos la podemos encontrar en un cartel, cargado de odio, que el dueño de un comercio expone en su local como condiciones inexcusables para poder acceder al mismo.
En Periodista Digital vamos a evitar señalar al mencionado comercio, si bien les apuntamos que se encuentra en el centro de la localidad alicantina de Elche. Según fuentes vecinales, el propietario del comercio es una persona que participa en los actos de Podemos en la localidad.
El propietario dice a sus clientes, atendiendo a las normas de prevención del coronavirus, que “el aforo es de tres personas” y del mismo modo, informa “debes ponerte gel antes de tocar nada (te lo damos nosotros).
Hasta ahí las recomendaciones sanitarias. A partir de las siguientes advertencias ya nada tiene que ver con el coronavirus y sí con las, por decirlo de alguna manera, las ‘inquietudes’ políticas del propietario de la tienda:
“Se prohíbe la entrada a fascistas, homófobos, sexistas y racistas”, exige, prohibiciones que remata con un ataque ya a las seña de identidad de todos españoles y cargado de odio:
“Se prohíbe la entrada con máscaras con la bandera de España”.
Una lamentable muestra de intolerancia y odio que no debería estar expuesto en ningún lugar o espacio público. Las autoridades locales correspondientes o la gubernamental debería intervenir y atajar este tipo de actuaciones con sanciones ejemplares.