Hace dos días el Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, concluyó la instrucción del llamado “Caso “Dina” remitiendo la investigación al Tribunal Supremo y solicitándole que investigue al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por los posibles delitos de denuncia falsa, revelación de secretos con la agravante de género, y daños informáticos, acusándole, entre otras cosas, de haber hecho una utilización espuria de la Justicia. Como diputado el Sr. Iglesias es aforado y, en consecuencia, es el Alto Tribunal el que tendrá que decidir en los próximas semanas si lo indicios penales merecen dicha calificación provisional y, en ese caso, solicitar el suplicatorio al Congreso de los Diputados.
Debemos recordar, que el aforamiento que tantas críticas ha suscitado por el líder de Podemos, un privilegio de la casta con el que iba a acabar, ahora se convierte en su propio privilegio del que disfruta sin rubor, entre otros muchos. A tal respecto, también debemos hacer alusión a que el Sr. Iglesias le dio una vuelta de tuerca al Código Ético de su propio partido suprimiendo del mismo algunos de estos delitos para así evitar dimisiones que por su imputación se viera obligado a asumir. En fin, ahora defienden todo lo que criticaban y exigían a los demás partidos. Recordemos la moción de censura a Rajoy.
Como nunca han creído en la separación de poderes en un Estado de derecho, la reacción no se ha hecho esperar, el vicepresidente Pablo Iglesias ha tenido la altanería de decir: “Y todo el mundo sabe lo que va a decir el Tribunal Supremo”, “Es inconcebible que me imputen, ni como hipótesis”. Es decir, trata abiertamente de condicionar la decisión que van a adoptar los Magistrados Jueces del TS sobre su imputación, indicándoles el camino a seguir. Dichos magistrados tienen la última palabra para decidir de forma independiente e imparcial si solicitan el suplicatorio al Congreso de los Diputados, como corresponde en una democracia real, no en los estados totalitarios, antidemocráticos. Asimismo, dirigentes de Podemos, como Pablo Echenique, fueron más allá, llegando a decir que “algunos poderes profundos quieren devolver a España al pasado”, cuando el regreso al pasado es lo que pretenden cada día. Tampoco, podía faltar Monedero, que dijo “¿ Viva El Juez!”, “vuelven los golpistas con todo”. Ahora resulta que impartir justicia es golpismo. No quieren recordar sus propias recetas, cuando decían que un indicio era una prueba, una investigación, una sentencia firme, eso decían; por mucho que traten de hacer ignorante al pueblo con ese progresismo de envoltorio, en cuyo interior se encuentra el populismo más rancio. Ahora el boomerang amenaza con golpearles. Menuda regeneración. La han enterrado. Siempre fue un disfraz, una careta, un envoltorio para vender una imagen, que solo la compran los estúpidos que viven de las sobras de los “benefactores” de la miseria y la pobreza.
También debemos recordar que Podemos, como persona jurídica está imputada por supuesta financiación irregular en el Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, al utilizar sociedades instrumentales, como dice la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid. También, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas advierte indicios de la comisión de un delito de fraude electoral y otro de falsedad en documento mercantil. A tal respecto, el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), organismo que depende del propio Gobierno, ya dijo que las empresas que habían efectuado los pagos estaban vinculadas al régimen de los ayatolás de Irán, es decir, una financiación que provenía de regímenes antidemocráticos, como los de Bolivia en su momento y Venezuela.
Si no fuera poco, ahora el magistrado Juez, García Castellón ha recibido amenazas de muerte por las acusaciones que imputa a Pablo Iglesias. Desde luego, las amenazas que ya investiga la Guardia Civil no vienen del entorno de la derecha o centro. Vienen de los autoproclamados progresistas, o sea, los que quieren regresar al pasado más oscuro, esos que no respetan la aplicación de la Ley con total independencia e imparcialidad.
Mientras, el Sr. Sánchez apoya a Pablo Iglesias sin envoltorios, asegurando además que no siente preocupación alguna. Y, como todavía no se ha conseguido someter al actual Poder Judicial, no puede extrañar que el Gobierno tenga urgencia en reformar la LOPJ, para imponer la renovación del órgano de gobierno del CGPJ por mayoría absoluta, despreciando la mayoría de tres quintos hasta ahora exigida (210 votos del Congreso), Otra vuelta de tuerca para configurar el poder a su antojo, que de llevarse a cabo constituiría un fraude de ley más que evidente. Un desprecio al Parlamento.
Así las cosas, el hoy llamado progresismo siembra autoritarismo, totalitarismo, pobreza, no cree en la auténtica democracia, no cree en el Estado de derecho, en la independencia del poder judicial, en la separación de poderes, en la presunción de inocencia de los demás, pero sí en suya propia. Lo quiere controlar absolutamente todo, quiere laminar la libertad y los derechos de los ciudadanos, quieren controlar nuestra vida, quieren ocupar el poder utilizando la democracia. Lo reconocen abiertamente.
