El portavoz de Educación del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Miguel Ángel Ruiz, ha anunciado hoy que el PP llevará al próximo pleno una Proposición no de Ley en la que exige la retirada de la LOMLOE, “impuesta” por el Gobierno de España ya que, advirtió, “no sólo se ha planteado sin consenso con la comunidad educativa y provocando división social por la eliminación del español como lengua vehicular”, sino que “elimina el derecho de las familias más vulnerables a elegir la educación que quieren para sus hijos”, así como el de las familias con hijos con necesidades especiales.
“Los padres tenemos derecho a elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos. Es un derecho que nos reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Obviamente, para poder elegir necesitamos que haya distintas opciones; y que estén financiadas por el estado, porque si no las familias con menos recursos no podrían elegir”, dijo el diputado popular, quien alertó de que “con la reforma de Sánchez sólo podrán elegir quienes puedan pagarlo”.
“Eso es tremendamente injusto, no sólo porque van a acabar con los centros concertados, sino también porque quieren acabar con los colegios de educación especial”, prosiguió.
En este sentido, explicó que es necesario que desde el Estado se “garantice expresamente el derecho que asiste a las familias con hijos con necesidades especiales a decidir si escolarizarlos en aulas ordinarias, en aulas específicas dentro de los centros ordinarios o en centros específicos de educación especial”.
Además, el PP pide “mantener el concepto de demanda social como base para garantizar la libre elección de centro educativo, salvaguardando la autonomía de los centros para desarrollar su proyecto educativo según su carácter propio y garantizando la no discriminación del alumnado en función del tipo de centro que su familia, en el ejercicio de su derecho fundamental, haya escogido”.
Por último, subrayó que la Ley Celáa debe “frenarse” al “permitir la imposición de los separatistas de eliminar el español como lengua vehicular de la enseñanza en determinadas comunidades autónomas, lo que supone un claro atentado contra el artículo 3.1 de nuestra Constitución, que establece que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.
