La UniónGC y sus servicios jurídicos logran una victoria en cuanto a las reclamaciones de daños para sus afiliados

La UniónGC logra que Interior indemnice a un agente que sufrió lesiones durante un operativo de vigilancia frente a la costa de Santander.

Una sentencia histórica. Los dictámenes periciales como documentos científicos que hacen prueba y el gran trabajo del gabinete jurídico de la UniónGC, han logrado el éxito.

La UniónGC logra que Interior indemnice a un agente que sufrió lesiones durante un operativo de vigilancia frente a la costa de Santander.
UniónGC, un equipo humano que trabaja por los derechos de los Guardias Civiles, un equipo de alto rendimiento.

La Justicia da la razón al guardia civil y confirma que el patrón de la embarcación entró en una zona peligrosa sin necesidad e iba a una “velocidad inadecuada”.

El Ministerio del Interior tendrá que indemnizar a un agente del Servicio Marítimo de Cantabria que sufrió diversas lesiones como consecuencia del accidente que se produjo en la embarcación en la que se encontraba mientras realizaba labores de vigilancia junto a otros compañeros frente a la costa de Santander. El siniestro, en el que varios de los tripulantes acabaron con diversos huesos rotos, se produjo debido a un fuerte golpe de la nave contra el mar. Lo que popularmente se conoce como un ‘pantocazo’, que ocurre cuando hay olas grandes y la velocidad del barco no va acompasada a las condiciones del oleaje.

La sentencia acredita que, según las pruebas testificales practicadas, el barco se introdujo en una “zona peligrosa para la navegación donde no patrullan habitualmente, precisamente por conocer su peligrosidad”. Además, el juzgado entiende que esa maniobra no era necesaria para el desarrollo del operativo y que el denunciante, desde su puesto y responsabilidades, no pudo hacer nada para evitarlo. Por último, también confirma que el patrón navegaba a una “velocidad inadecuada” y que no se debía a un supuesto de fuerza mayor, porque “los hechos pudieron ser evitados con un mínimo de diligencia” de la persona que estaba al mando.

La Unión de Guardias Civiles (UniónGC) a través de su servicios jurídicos María Luisa Holanda, ha logrado una sentencia favorable del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 7, que rechaza los argumentos esgrimidos por la Secretaría General Técnica del departamento que dirige Fernando Grande Marlaska. En un principio, la administración desestimó la reclamación patrimonial formulada por el afectado, un mecánico del buque patrullero, que ascendía a cerca de 20.800 euros por los daños y perjuicios derivados del siniestro. El juez que firma la sentencia, contra la que ya no cabe recurso ordinario alguno, considera que se dan todas las circunstancias para atender esta reclamación, como defendía el afectado, que ha contado con el asesoramiento legal de UniónGC.

Los hechos, que inicialmente fueron calificados por el cuerpo como una «incidencia durante un servicio que no ha sido grave», ocurrieron el 12 de junio de 2017 al norte del Cabo de Lata en las inmediaciones de La Maruca. Esta versión oficial no concuerda con la de los protagonistas, que narraron como una ola muy cortada levantó la patrullera, dejó el barco unos segundos en el aire y este cayó finalmente de costado.

Como consecuencia del gran impacto recibido contra el agua, tres agentes sufrieron heridas de cierta consideración: uno tiene el tobillo contusionado, otro se rompió el tobillo y la tibia y otro tuvo que ser ingresado en un hospital. En la sentencia también queda constancia a través de informes periciales de la gravedad de estas lesiones, algo que no negaba la administración.

Desde UniónGC se felicitan por esta sentencia, que deriva del proceso puesto en marcha por el equipo jurídico de la asociación profesional a principios de año al entender que la decisión del Ministerio del Interior iba en contra de la obligación de la administración de  atender a sus empleados y de hacer frente a los perjuicios causados durante el ejercicio de su actividad. Para UniónGC, este desenlace vuelve a demostrar la fortaleza de su servicio legal y su capacidad demostrada para garantizar que la administración cumple con los derechos de sus asociados

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