El pozo sin fondo del despilfarro en nombre del nacionalismo lingüístico ha dado otra muestra de surrealismo en plena pandemia.
Mientras restauradores y hosteleros de Baleares denuncian «una desesperación total», la orgía del gasto público continúa.
Porque el auténtico «dolor» no es el de los hosteleros que no saben qué hacer para llegar a fin de mes, sino el no poder hablar catalán en Baleares.
La Consejería de Eduación de Baleares ha puesto en una marcha una Oficina de Derechos Lingüísticos destinada, según el conseller de Educación, el socialista Martí March, para «visibilizar el dolor de no poder hablar catalán».
El nuevo chiringuito lingüísitico contará con un equipo técnico de tres personas: un director, un asesor jurídico y un auxiliar administrativo. Los tres son personal funcionario de la Comunidad Autónoma.
Este nuevo organismo público depende de la Dirección General de Política Lingüística.
«Una especie de policías de la lengua, sin capacidad de poner multas, pero sí mediar, arbitrar, pedir rectificaciones a la parte infractora e incluso reclamar la reparación de los daños causados», cuenta Ricardo F. Colmenero en ‘El Mundo’.
No parece que vayan a tener mucho trabajo, pues este año la Dirección General ha atendido una cincuentena de casos de discriminación lingüística –apenas uno a la semana–, aunque también actúa de oficio.
Ya existen organismos similares en otros lugares, como la Oficina de Garantías Lingüísticas de la Generalitat de Catalunya, la Elebide, del País Vasco, o la Oficina de Derechos Lingüísticos del País Valenciano.
Los ecosoberanistas de MÉS per Mallorca, quienes sostiene el Ejecutivo de Armengol, también presumieron de que la puesta en marcha de la Oficina formaba parte de las condiciones para apoyar al gobierno socialista.
Hay que recordar que Francina Armengol, presidenta de Baleares, que ahora persigue a los baleares por hablar castellano, fue ‘cazada’ en un bar de copas a las 2 de la madrugada por la Policía y sigue a estas horas sin haber dimitido.
