No quisiera ser totalmente catastrofista. Si lo fuera estaría en otro estadio. En ese caso, me preguntaría si ha valido la pena luchar por la democracia real. Esa democracia que se tambaleaba el 23-F y algunos estábamos en primera fila para defenderla, mientras otros ya hacían las maletas. Lo he dicho hace meses, el Rey emérito Juan Carlos es un igual ante la Ley, es un español más, tampoco menos, con todas las consecuencias legales, aunque no le discutamos su decisivo papel en el retorno a la democracia, pero la institución siempre tiene que estar por encima de las personas. Hoy el Rey es Felipe VI, cuyo comportamiento resulta más que impecable, nada que ver con la partidocracia que nos rodea. Sobran ejemplos más que recientes. Recordemos, repudió a su propio padre, renunció a su herencia, le retiró su remuneración económica e incluso dio el visto bueno a su posible salida de España, cumpliendo como nadie con la transparencia exigible a la institución a la que representa, la Monarquía Constitucional y Parlamentaria, y de la que tanto adolece el Gobierno. Quieren liquidar la Constitución, con la Monarquía como objetivo, pero por la puerta de atrás y ya sin disfraz. Decía Jorge Bustos “Si nuestras instituciones se degradan no es porque 42 años sean muchos o porque la Constitución acuse fatiga de materiales, sino por lo contrario: por la madurez menguante del lector, reflejada en la clase política que premia”.
Así, aunque algunos, sino muchos, miren hacia otro lado, vivimos tiempos muy turbulentos que quieren ser aprovechados, incluido el pánico a la pandemia que ellos mismos están explotando, para destruir la democracia real. Sí, digo destruir, dado que tratan de subvertir el orden constitucional mediante la algarada republicana podemita, no con la reforma prevista legalmente. Ahora, con una versión diferente. Un referéndum por la república saltándose a la torera la CE unos comunistas, que aprovechan las épocas convulsas y de pobreza para tratar de arribar su poder por la fuerza de los hechos. Si fuera así, éstos sí que deberían estar fuera del arco parlamentario, pero de por vida.
Nunca han creído en la democracia y siempre se han aprovechado de ella. Declaraciones no les faltan. Pero, si llegara esa intentona golpista, espero que el Gobierno no vaya oliendo al zorro en su caza y le siga. Ayer no lo ha hecho en el Congreso oponiéndose a una comisión de investigación que tenía finalidad derrocadora. Si intentaran derrocar la Monarquía Parlamentaria de forma ilegítima, entonces, los demás, los demócratas reales, tendríamos el derecho a defender la legalidad atacada. Tendríamos el derecho a defender nuestras libertades, que tanto esfuerzo, sacrificio y hasta muertes nos han costado. Tendríamos derecho a defender lo que hemos votado abrumadoramente en el año 1978, una Monarquía Parlamentaria. Tendríamos el derecho a defender la libertad de nuestro pueblo mayoritariamente expresada. Tendríamos derecho a defender la unidad de España. Sin Monarquía ya no existiría, dado que los nacionalistos conseguirían la plurinacionalidad tan buscada, la que ahora está resquebrajando la educación, el idioma y creando una historia a su carta. Tendríamos derecho a impedir que unos comunistas minoritarios, enemigos de la libertad e instauradores de la pobreza, nos impusieran su totalitarismo. En definitiva, tendríamos derecho a luchar por vivir libremente como ciudadanos, no como presidiarios de su sistema antidemocrático. Lucharíamos y lucharemos por el Estado de Derecho.
No obstante, es cierto que el comportamiento de Juan Carlos revela una falta de ejemplaridad e indignidad, que no se corresponde con la actuación de un Jefe de Estado, aunque la misma vara de medir no se les exija a otros muchos. Pero, lo realmente indignante es que Podemos, los comunistas de hoy, difundan un vídeo estratégico equiparando a la Familia Real con un clan de narcotraficantes. Precisamente, los que han tenido y tienen relaciones muy estrechas con un país totalitario como Venezuela, que según acaba de decir el Pentágono “financia con la droga sus actividades ilícitas”. Es decir, los que más deben callar son los que piden la ejemplaridad de la que carecen. Los que están investigados como partido por financiación ilegal, con dirigentes que utilizaron la misma vía de regularización fiscal, con líderes de Madrid condenados por atracar bancos y con un portavoz igualmente condenado por defraudador, entre otros, son ahora los que piden la ejemplaridad perdida por ellos mismos. Esos comunistas de nuevo cuño. Ahora los nuevos ricos. Nada tienen que ver con los miembros del Partido Comunista de España que negociaron en la Transición en aras de la democracia y la paz, como Nicolás Sartorius, al que tuve el honor de tratar, que ha dicho: “La virtualidad del texto de 1978 es que se convirtió en la Constitución de todos los españoles (…) Necesita arreglos pero sigue siendo una estupenda Constitución. En lo que no veo necesidad de hacer modificaciones es en lo que afecta a la Corona: con hacer una interpretación adecuada es suficiente”. A eso se llama, altura de miras, no como otros que provocan agitaciones para aprovecharlas en un camino ilegal hacia una república, sin seguir la reforma prevista en nuestra Carta Magna, que en una democracia real no se puede permitir. No vamos a resignarnos ¡Que no les quepa la menor duda!
