Deberían revisar el nombre del Ministerio de Igualdad.
El certamen ‘Celia Amorós‘, que está convocado por el Instituto de la Mujer, tiene el objetivo de premiar y promover la investigación de los estudios feministas.
Las bases del certamen dictan que se trata de trabajos individuales o en grupo y que el premio alcanza una cifra de 5.000 euros destinado a una obra escrita «por una autora o varias». Es decir, se veta directamente a los varones.
«Clara Campoamor estaría en contra de la discriminación que supone impedir que los hombres participen en un premio literario sobre feminismo». Son palabras del escritor e historiador de ABC Emilio Lara, que considera un «chiste de mal gusto» que solo se permita a las autoras presentar trabajos.
La obra premiada y la que obtenga un accésit de carácter honorífico serán publicadas por el Instituto de la Mujer y formarán parte del catálogo de publicaciones del organismo, que expone que los ensayos pueden estar escritos «en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado».
La Justicia tumbó un contrato del Ministerio de Igualdad de Montero, por discriminar a los hombres frente a las mujeres
Hace tiempo, el Ministerio de Montero tuvo que dar marcha atrás con un contrato público para cubrir los servicios del 016 porque vulneraba…el principio de igualdad de género.
Presas de su locura ideológica, Montero y sus secuaces estipularon en las cláusulas del concurso público que la empresa adjudicatoria aportase 15 operadoras, ocho psicólogas o trabajadores sociales y ocho asesoras legales. En total, las mujeres cubrirían 31 de los 33 puestos posibles.
La oferta era responsabilidad de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, que dirige Noelia Vera, exportavoz de Podemos.
El objeto del contrato era cubrir el servicio 016 de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género.
Lo que sucede es que el tema en cuestión -de 33 puestos, solo dos eran para varones- vulneraba el artículo 14 de la Constitución*.
Una de las empresas concurrentes denunció ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que en los pliegos existía una discriminación por razón de género
Y ha esto se ha acogido el tribunal que ha determinado que el pliego vulneraba «nuestro orden constitucional».
