Cuando la ‘heroína’ de la izquierda llegó a la alcaldía de Madrid, después de décadas con el Ayuntamiento en manos del PP, Manuela Carmena declaraba que lo hacía con un patrimonio de 430.000 euros en una cartera de inversiones. Así lo rubricaba en la declaración de bienes que publicó el Ayuntamiento tras su toma de posesión, en el que detallaba que esa cantidad era fruto de “una inversión financiera”, sin aportar mayores detalles…
Sin embargo, la cosa no se va a quedar así porque ahora, más de cuatro años después, la Justicia le reclama explicaciones sobre su fortuna: un juzgado de Madrid ha sentenciado que la exalcaldesa tiene diez días de plazo para detallar de qué está compuesta la cartera de inversiones que declaró, a pesar de que siempre ha sostenido que no tiene ninguna sicav para reducir su factura impositiva.
Sin embargo, pesar de sus manifestaciones, Carmena lleva años evitando arrojar luz sobre sus finanzas y pleiteando ante la Justicia por un asunto que en principio parecía rutinario. Todo comenzó a partir de una solicitud de acceso a la información pública formulada en el año 2016 por un abogado en la que pedía conocer «nombre» y «naturaleza» de la sicav.
Esta petición fue inadmitida ya que el Ayuntamiento, en esos momentos en manos de socialistas y Ahora Madrid, consideró que los datos publicados, los aportados por la propia alcaldesa en el mes de junio de 2015 de acuerdo con el modelo de declaración de Registro de Intereses, eran suficientes.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya consideró el pasado mes de julio, desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento, que «los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos».
También «formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las autoliquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades», por lo que la información solicitada por el reclamante debería estar en poder del Ayuntamiento y por tanto debería haberla facilitado, tal y como ya habían sentenciado los tribunales en 2018.
Por ello, ahora Manuela Carmena muy a su pesar tendrá que justificar los detalles de su fortuna al Ayuntamiento, para que éste a su vez informe al abogado reclamante. De esta forma conoceremos todos los detalles de ese medio millón de euros del que la exalcaldesa se niega a dar explicaciones. ¿De dónde procederán?
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