El turbio rescate a la aerolínea Plus Ultra por parte del Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en el disparadero a un Ejecutivo que debería estar contra las cuerdas.
Moncloa ha decidido ponerse en su contra a una buena parte de empresas españolas con su decisión de conceder 53 millones de euros a una aerolínea venezolana cuya cuota en el sector es irrelevante -en 2019 operó un total de 823 vuelos, lo que significa un 0,1%– y una potente sospecha de conexión con el régimen venezolano, lo que ha llevado al PP y a VOX a presentar iniciativas en el Congreso para que Sánchez se explique.
Sospechas de prevaricación
El digital ‘Vozpopuli’ entiende que hay al menos diez evidencias sobre un posible delito de prevaricación en torno a este rescate.
Como decíamos, Plus Ultra no es una empresa estratégica. La aerolínea transportó en ese año 2019 un total de 156.139 pasajeros, lo que le sitúa en el puesto 166 de las que operan en España.
Por si fuera poco, la citada aerolínea no es ni solvente, ni sus problemas económicos tienen que ver con la pandemia del coronavirus, la ayuda que recibirá no es proporcional y el cese de sus actividades apenas tendrían impacto, aunque el Ejecutivo ‘sanchista’ se emperra en afirmar que es una “línea estratégica” para asegurar los vuelos de los migrantes latinoamericanos.
Nexos con el chavismo
Pero aún hay más, porque sus propietarios están y estuvieron en el punto de mira de la Justicia. Su máximo accionista, Fernando González, fue condenado en 2020 y su pena incluía la imposibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas.
Evidentes parecen también sus conexiones con el chavismo.
El 47,2% del capital de la aerolínea está en manos de Snip Aviation, en cuyo consejo figuran tres directivos venezolanos con amplias relaciones con la Administración del tirano Nicolás Maduro y su vicepresidente, la bien conocida por José Luis Ábalos Delcy Rodríguez.
Además, Plus Ultra mantiene una especial relación con Conviasa, la aerolínea pública venezolana. La línea rescatada introdujo en el país americano tras la entrada en su accionariado de los tres empresarios venezolanos y justo en el momento en que las aerolíneas europeas decidieron reducir sus operaciones en Venezuela por las dificultades impuestas por Maduro para repatriar sus divisas.
