En una rueda de prensa conjunta, el portavoz del Grupo parlamentario del PP en las Cortes, Raúl de la Hoz y el presidente de la Diputación de Valladolid y presidente del PP vallisoletano, Conrado Íscar, han hablado largo y tendido de varios de los problemas que desde sendas administraciones tienen que lidiar.
Por un lado, de la Hoz anticipó la bajada del impuesto de sucesiones, que se aprobará, previsiblemente el próximo día 27 en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, y que supondrá, si supera la mayoría, que solo en la provincia de Valladolid, más de 4.000 personas al año, dejarán de ser esquilmados por un impuesto que no tiene el más mínimo sentido común y que obliga a pagar por unos bienes que previamente fueron «cosidos» a impuestos.
Raúl de la Hoz explicó que en el PP tienen el convencimiento de que la medida, pese a haber perdido la mayoría absoluta con la marcha al Grupo Mixto de la procuradora salmantina en las fechas previas a la fracasada moción de censura presentada por el PSOE y cuyo objetivo no logrado, era proclamar a Tudanca presidente de la Junta de Castilla y León, será respaldada por los procuradores de VOX y Por Ávila y saldrá definitivamente adelante, beneficiando a 4.000 familias de la provincia de Valladolid con la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y con un ahorro de siete millones de euros. De la Hoz citó como ejemplo, un caso práctico en el que un padre que dona a su hijo una vivienda valorada en 180.000 euros, con bonificación que se pretende aprobar, del 99 por ciento del Impuesto de Sucesiones, la carga fiscal pasa de 27.000 a 270 euros.
Por otro lado, el recién nombrado presidente del PP en Valladolid, Conrado Íscar, se mostró indignado por la raquítica propuesta lanzada por el Gobierno Sánchezstein, que pretende aportar un 1% de los tan cacareados Fondos Europeos a las administraciones locales.
Íscar tachó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «gobierno de la mentira perpetua» y la «arrogancia», pues ha acusado a la administración central de estar «al margen de la realidad» y ha exigido un fondo de, al menos 3.000 millones de euros para paliar la situación en el mundo rural.
Igualmente, Íscar ha incidido en que si no se cumplen sus peticiones, iniciarán una campaña de defensa de las administraciones locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) frente al «gobierno de la propaganda que miente y engaña«.
