Una ley de estas características en la Andalucía de los Eres, Faffe, Edus y similares, era una de las herramientas imprescindibles y necesarias para el fortalecimiento de las administraciones, para ponérselo más difícil a los corruptos y para que se desarrollen los mecanismos en la administración para que la corrupción generalizada no vuelva a campar a sus anchas como durante los casi cuarenta años de poder socialista en Andalucía.
El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha expresado este miércoles su «enorme satisfacción» por la aprobación en el Parlamento de la Ley contra el fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante, un «compromiso» del Gobierno del cambio con los andaluces que ve hoy la luz. «Aprobar hoy esta ley es una forma de pedir perdón a miles de andaluces que han perdido muchas oportunidades durante estos años» por la corrupción, ha subrayado.
Marín ha recordado que hace hoy justo seis años, el 9 de febrero de 2015, ya firmó un acuerdo con la anterior Administración que incluía entre sus puntos la creación de una Oficina de lucha contra el fraude y la corrupción. «Y hoy por fin, seis años después, lo que era imposible llevar a cabo se va hacer«.
La norma aprobada hoy contempla la creación de esta Oficina contra el fraude, adscrita al Parlamento para garantizar su independencia del Ejecutivo y dirigida por una persona que elegirá la Cámara por mayoría cualificada, así como medidas específicas para prevenir, detectar y denunciar irregularidades, malas prácticas y abusos de poder, en la que también se protegerá a las personas denunciantes.
El vicepresidente ha subrayado que se trata de un instrumento de transformación, con el que «queremos acabar de forma definitiva con los sucesos de fraude y corrupción empresarial, institucional y política que generaban no solo el rechazo por parte de la ciudadanía, sino que también ha contribuido al desprestigio de nuestras instituciones», y ha defendido que «estamos a tiempo de luchar contra la corrupción con voluntad y responsabilidad política«.
