García-Castellón ha concluido la investigación del caso Kitchen, acordando mediante auto el final de las diligencias y su conversión en procedimiento abreviado. Con la información de la que dispongo me surgen dudas, que al parecer tienen también la fiscalía, abogacía del Estado, acusaciones particulares y las defensas de los investigados. Aquí algunas de ellas.
Teléfono de Fernández Díaz. Alegó que no podía conocerse su mensajería porque contenía secretos de Estado. Esa situación impide conocer datos que pueden ser importantes para desentrañar la trama política urdida contra el extesorero del PP. Si investigando estos presuntos delitos el posible responsable tiene un teléfono “aforado” por contener secretos, y está en juego la condena a varios mandos policiales, debe haber formas legales que permitan acceder a esa información. O tendrá razón el exalcalde de Jerez, Pedro Pacheco, cuando dijo que “la justicia es un cachondeo”.
Villarejo ha facilitado un número de teléfono al que dice que informaba a Rajoy del curso de las acciones sobre Bárcenas. Dice el juez que no es creíble. ¿Ha ordenado alguna gestión sobre la propiedad del teléfono o su ubicación en ese tiempo? ¿Y si resulta que es propiedad del Gobierno, CNI, Policía o Guardia Civil? ¿Y si su localización es en el Palacio de la Moncloa? ¿Qué es y que no creíble, qué criterio objetivo decide ese particular?
Considera probado en el auto que Sergio Ríos, hoy policía nacional y chófer que colaboró en la investigación, lo hizo a cambio de dinero, un arma y la promesa de que ingresaría en la policía. El director general de la Policía era Ignacio Cosidó, quien estampó la firma en la Orden General que lo convirtió en policía. ¿Ha investigado al respecto? ¿Sabe cuántos policías con 40 años ingresaron en la policía en ese tiempo, o los cinco años anteriores y posteriores? ¿Por qué no ha interrogado a Cosidó, al subdirector de Recursos Humanos en la época, al jefe de la División de Formación y al claustro de profesores de Ávila?
Dice el juez que no valen investigaciones prospectivas, cuando todo este caso y varios de la causa Tándem sobre Villarejo y otros mandos es prospectiva desde la fiscalía. Dice el auto que algún mando policial se apoderó de documentos de Bárcenas en un local de su esposa con la pretensión de utilizarlos como chantaje. Ignora que hay grabaciones de años anteriores donde Bárcenas dice que no tenía pruebas porque las había destruido. Consta en el sumario que los datos obtenidos de los teléfonos que entregó Sergio Ríos fueron volcados en un ordenador comprado con fondos reservados y entregado al secretario de Estado. No existe ninguna prueba ni indicio de que se produjera la apropiación personal de pruebas por ningún investigado salvo en la creencia de Su Señoría. A Bárcenas, a Villarejo y a otros mandos policiales se les cree cuando su relato coincide con el que conviene a la instrucción y no en lo que no coincide con el rumbo de la misma. Dice el Auto que las grabaciones con Cospedal no se sabe de dónde vienen y están incompletas; y las demás, ¿se sabe de dónde vienen y están completas?
El caso GAL se cerró con una X y el caso Kitchen, también. Nadie que sea policía, periodista o aplique un mínimo sentido común, entiende que se pueda organizar este asunto desde Interior sin conocimiento del presidente del Gobierno. Eso no es posible. La instrucción no aclara si el CNI y el expresidente Rajoy tuvieron participación en la investigación, que se quiere cerrar, como siempre, con la condena de políticos amortizados y unos cuantos policías.
