He conocido investigaciones de Asuntos Internos en las que no se han respetado los derechos de los investigados

Policías corruptos

En 28 años en el Consejo de Policía he votado a favor de expulsar a cientos de policías --narcotráfico, atraco, violación, chorizos…-- y nunca defendí a policías corruptos. La Policía y la Guardia Civil necesitan profundos cambios.

Policías corruptos
Fornet: Los derechos humanos no se mendigan, se exigen. Están por encima de todo.

Seis policías nacionales de Mérida (los cinco del grupo antidroga, cuatro en prisión provisional) y un guardia civil de Badajoz (también en prisión provisional) fueron detenidos hace una semana, además de otras varias personas, acusados de diversos delitos relacionados con el narcotráfico.

Recuerdo cuando llegaron al sindicato distintas denuncias de compañeros y ciudadanos sobre prácticas corruptas de policías. Trasladadas a la subdirección general, pasados varios meses el mando nos dijo que Asuntos Internos no tenía capacidad para investigar todos los casos, y, además, no podían aparecer tantos asuntos de corrupción policial en los medios de comunicación porque eso era peor para el prestigio corporativo que dejarlos en la Policía. La propaganda se impone siempre a la moral y las leyes.

He conocido investigaciones de Asuntos Internos en las que no se han respetado los derechos de los investigados; por dichas prácticas algunos jueces han declarado inocentes a policías corruptos que debiendo ser expulsados siguieron siendo policías. La muerte de un enfermo mental en Cartagena en el año 2014 me reconcilió con Asuntos Internos. la víctima pidió ayuda a la Policía, tres dotaciones (seis policías) acudieron, lo llevaron a un descampado, le dieron una paliza provocando su muerte y arrojaron el cadáver al mar. Entonces yo era miembro del Consejo de Policía y por eso o por mi pasado reciente como secretario general del sindicato policial mayoritario, recibí numerosos mensajes por redes sociales para que firmara apoyando la salida de prisión de los policías. Me negué. Nunca me infectó el sucio corporativismo que siempre combatí. Autoricé que dieran mi teléfono a la madre y la pareja de dos de los acusados para que me llamaran, aunque al final no lo hicieron. Pretendían presionarme.

En el año 2010 presenté al director general de la Policía con Rubalcaba, Francisco Velázquez, doce expedientes de policías jubilados antes de su condena tras ser detenidos y acusados de delitos relacionados con la venta de droga. Revisé los expedientes que habían ido al Consejo de Policía los dos últimos años. Lo hice porque negaron la jubilación a una compañera que en un accidente con un coche zeta perdió movilidad en un brazo y en vez de jubilarla por lesiones en acto de servicio la pasaron a Segunda Actividad, reduciéndole considerablemente la cuantía de la pensión que se había ganado con sangre y dolor. Mientras, llenaban de medallas pensionadas las pecheras de los mandos como siguen haciendo hoy. Los policías acusados de prácticas corruptas relacionadas con el narcotráfico fueron jubilados antes de su expulsión por los delitos cometidos. Si los expulsan siendo policías no tienen pensión hasta los 65 años, pero si los jubilan antes de expulsarlos, les queda una pensión acorde al tiempo que hayan cotizado. La pregunta sin respuesta es ¿los detenidos por unidades de investigación de judicial o antidroga suponían el 50 o el 0,0001% de los policías corruptos? ¿A cambio de qué los jubilaban con pensión?

En 28 años en el Consejo de Policía he votado a favor de expulsar a cientos de policías (narcotráfico, atraco, violación, chorizos…) y nunca defendí a policías corruptos. La Policía y la Guardia Civil necesitan profundos cambios, como otras instituciones del Estado, persiguiendo a abusones, corruptos y canallas que se camuflan entre buenos profesionales. Se considera muy grave denunciar a un compañero que abusa de su cargo y muy positivo protegerlo. El corporativismo como doctrina oficial en ambos cuerpos alentado por los Gobiernos y medios de comunicación subvencionados, conducen a prácticas policiales indeseables (identificar a ciudadanos sin razón, no oponerse a abusos…) inaceptables en cualquier Estado de derecho de un país democrático.

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