La Asociación Española de Guardias Civiles, –AEGC– gana una nueva batalla a la Guardia Civil, nuevamente la Institución es condenada y hace que se pierdan esfuerzos en dedicarlos al buen clima laboral y a prestar servicios de excelencia.
Una vez más los miembros de la Guardia Civil tienen que buscar amparo en los tribunales para que se haga justicia. La Dirección General, como es costumbre en ella, parte siempre de la premisa de negar a sus integrantes cuanta reclamación se haga y más cuando esta se trata de una reclamación económica como es el caso en que AEGC acaba de ganar para una de sus afiliadas. Esta compañera pasó a retiro después de pasar por el tribunal médico y por tanto encontrándose en situación de incapacidad. La Guardia Civil la negó el derecho a percibir el montante de los días de vacaciones que no había disfrutado por encontrarse de baja y obligó a la agente a acudir a los tribunales para reclamar. Finalmente la Dirección General ha sido condenada a pagar 4014€ más los intereses legales y las costas del juicio.
Para AEGC esta práctica habitual de la Guardia Civil resulta abusiva para los agentes que siempre tienen que presentar recurso administrativo y cara para el erario público que es de donde al final sale el abono de las costas de los juicios. La Dirección es consciente de que su obligación es retribuir la deuda adquirida, pero como los recursos que tiene que emplear para llevar los casos a los tribunales salen de los tributos de todos los españoles y no de los bolsillos particulares de los que niegan las justas peticiones todo lo remiten al contencioso administrativo. De esta forma dilatan en el tiempo el pago y ejercen sobre el demandante un perjuicio económico.
Estas actitudes son un claro desprecio a los recursos humanos y sobre todo a la responsabilidad que deben tener altos responsables de la Guardia Civil, donde se dilapidan recursos públicos y se atasca el sistema judicial sin necesidad. Cada abuso no sólo perjudica al afectado sino que, perjudica la paz social, y el trabajo que todo el colectivo viene haciendo que es avalado cada día por nuestra sociedad. Es hora de que el que dañe pague y pague con las aperturas de expedientes disciplinarios, o con la dimisión necesaria para depurar actos típicos de baja corrupción e impunidad.
