Es esta una sociedad complicada en materia de seguridad pública. Una gran mayoría de ciudadanos toleran y hasta aplauden que se vulneren sus derechos civiles, aceptan que un policía pueda, sin razón objetiva, interceptarlo, identificarlo, interrogarlo y cachearlo cuando camina por la calle, en una práctica que es ilegal en nuestro ordenamiento jurídico. A la vez, otros ciudadanos, los menos, oponen resistencia cuando son sorprendidos cometiendo un delito o acuden a manifestaciones violentas, destrozando mobiliario público o arrojando objetos contra los policías. Hay que dejar de abusar de la gente honrada y ser rigurosos en la aplicación de la ley a los violentos. La derecha se opone a lo primero, la izquierda, a lo segundo.
Aplicar el principio de autoridad al manifestante violento y al delincuente al que hay que detener no es incompatible con una policía democrática; es incompatible no respetar derechos civiles con identificaciones masivas, interrogatorios y cacheos ilegales por falta de motivación. Además, mientras se identifica y cachea, por estar la patrulla estática, se cometen más delitos contra personas, comercios y domicilio en esa zona. Más inseguridad.
Atendiendo a las órdenes operativas impartidas a la Policía Nacional, la principal preocupación de mandos y políticos son personas que transitan por la vía pública portando un trozo de hachís para fumarlo en su domicilio. No las violaciones, atracos, robos en domicilio, coches, okupas conflictivos que venden droga y molestan a los vecinos… no, quien lleva una “china” de hachís para consumirla en su casa; una droga ya permitida en varios países concentra la mayor actividad de los miembros de la Policía Nacional. Varios millones de personas identificadas y cacheadas cada año. No se actúa igual en Cataluña y País Vasco (Mozos y Ertzaintza) y varía en cada ayuntamiento y policía local. En Rivas Vaciamadrid, 90.000 habitantes, gobierno de IU, presencié hace años policías locales uniformados como “hombres de Harrelson” con perros antidroga, que acercaban a chavales para que los olieran y si el animal “marcaba”, los cacheaban, incautaban y proponían sanción. En el caso de la Guardia Civil la exigencia son multas de tráfico o sanciones administrativas por cualquier nimiedad. Que roben en zonas rurales, cortijos o maquinarias les importa menos. A veces ni van, aconsejan ir al cuartel en horario de oficina. Los controles de alcoholemia no vulneran derechos civiles porque, salvo “positivo”, no conllevan identificación.
La actual ley aplicada según la doctrina del T. Constitucional y el T. Supremo, serviría para: 1), mejorar la seguridad de la ciudadanía; 2), respetar sus derechos civiles, 3), hacerlo con garantías para los funcionarios policiales. El mando debería controlar las prácticas policiales para que el principio de autoridad se aplique solo en reyertas, eventos públicos, ante presuntos delincuentes, manifestaciones violentas o sospecha fundada de delito, nunca abusivamente como se viene aplicando desde hace 30 años. Con una orden de Interior a los mandos policiales sería suficiente.
Muy conveniente resultaría erradicar órdenes prevaricadoras emitidas por políticos y mandos de todos los cuerpos policiales, como las de soportar lanzamiento de objetos que provocan policías heridos sin que se ordene disolver y/o detener a los autores, que en ese momento están cometiendo un delito. Una aberración política, policial y legal asumida con normalidad. No necesita muchos cambios la ley; necesita dirección política constitucional y dotación de medios materiales (además de la defensa extensible ahora anunciada), arma táser y cámara de grabación en los uniformes.
Firmeza contra criminales, delincuentes y manifestantes violentos, respeto escrupuloso protegiendo derechos de la ciudadanía prohibiendo injerencias ilegales con identificaciones sin razón objetiva para ello. Solo es democracia con libertades individuales y derechos civiles.
