España no dispone de leyes para afrontar una pandemia. La declaración de inconstitucionalidad del estado de alarma lo certifica. El estado de excepción exige controles estrictos que el Gobierno quiso eludir. Los españoles hemos soportado el confinamiento más drástico del mundo tras China, una dictadura comunista. Seguro que evitó muertes y habría evitado muchas más de no haberse retrasado la decisión hasta celebrar el 8M, permitiendo otros numerosos actos de masas en distintas ciudades españolas. Práctica propia de lo que somos: partidocracia con máscara democrática.
Todavía hoy se desconoce qué animal, si existe, fue huésped del SARS-CoV-2 antes de su salto a los humanos. Que China haya impedido investigar el laboratorio de Wuhan hace sospechar que el virus pudo fugarse por un fallo de seguridad mientras se realizaban experimentos de armas biológicas. No sería la primera fuga en laboratorios de máxima seguridad. Ahora llega ómicron, variante con una capacidad de transmisión muy superior a la actual, incrementando el riesgo a infectarse y la alarma social.
Las ayudas del Banco Central Europeo se acaban en pocos meses y todos los organismos señalan que España, con una deuda impagable, no alcanzará el nivel de actividad previo a la crisis hasta 2024; ello desaconseja erosionar más la economía arrojando a la pobreza a millones de personas. La pobreza, las colas de hambre también matan (suicidios ignorados y no investigados). Sin confinamiento volverá la saturación sanitaria. El colapso tiene como daño colateral retrasar la atención a enfermos crónicos provocando muertes. Siguen sin conocerse las causas del exceso de muertes de noviembre, que, según el registro diario de fallecimientos del Ministerio de Justicia, MoMo, alcanzan casi los 3.000 fallecidos, de los que solo 640 están relacionados con el COVID. Exceso de mortalidad que se produce en toda Europa por miles sin que ningún gobierno explique la razón de las mismas. Europa siglo XXI, era tecnológica.
Mientras eso pasa, la ciudadanía acude al trabajo en las grandes ciudades en transportes saturados (metro, tren, autobús), pero necesita un pasaporte COVID para acceder a locales de ocio. El empeño por obligar a vacunarse con medidas coercitivas se produce en toda Europa. Si estando vacunado te contagias y transmites la infección igual ¿qué sentido tiene el pasaporte? ¿Qué solo se infecten los vacunados entre ellos? ¿Presionar a quienes no quieren vacunarse? La Administración descarga la responsabilidad en la ciudadanía sin hacer su trabajo. No contrata suficientes sanitarios, ni PCR ni test de antígenos gratis, ni levanta hospitales de campaña o centros de atención primaria provisionales para evitar el colapso.
Estoy vacunado y tengo pasaporte, no soy antivacunas. Es legítimo desconfiar de la clase política, de la OMS y de las vacunas, aunque reduzcan la mortalidad, porque estamos participando en un experimento cuyos efectos secundarios a corto, medio y largo plazo se desconocen. Ningún gobierno del mundo (ni nuestras comunidades autónomas) saben qué pasa o, peor, no quieren decirlo. Imponen decisiones que afectan a la salud y los derechos sin suficientes explicaciones.
Financien apertura de ventanas en locales que lo necesiten, exijan medidor de CO2, impongan el uso de mascarilla al aire libre en zonas concurridas y en todos los lugares cerrados. No se puede tratar a la ciudadanía en democracia como un señor feudal a sus vasallos. Se vulneran todas las leyes que hacen a las democracias occidentales regímenes de personas libres con derechos. Comenzado este camino, cualquier virus, natural o fabricado, servirá como excusa para acabar con las democracias occidentales y los derechos de su ciudadanía. El virus de China puede ser la excusa para acabar con las democracias.
