Juan Francisco Trujillo Blanco, el exchófer del antiguo director general de la Junta de Andalucía Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020, se ha convertido en el único de los acusados del caso ERE que ha cumplido su pena en prisión.
Según informa el periódico ‘ABC de Sevilla’:
«El único acusado del caso ERE que ha sido encarcelado para cumplir una condena lo ha hecho por fraude fiscal. Y no ha sido ninguno de los diez ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía penados con la prisión por crear un sistema ilegal con el fin último de repartir, sin control, 680 millones de euros entre empresas y personas afines, según la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla. Los acusados han presentado recursos de casación ante el Tribunal Supremo. La Audiencia rechazó encarcelarlos hasta que la resolución sea firme».
Hasta este momento Trujillo Blanco ha sido condenado dos veces por no pagar ningún impuesto derivado de «dos de las tres subvenciones que le concedió su exjefe con cargo al fondo de los ERE». Así, de acuerdo con el artículo del medio sevillano:
«El conductor compraba cocaína y regalos para Guerrero con el dinero público, según la confesión del propio conductor tras su arresto en 2012. Sin embargo, no ha pisado la prisión por beneficiarse de las ayudas irregulares, sino por no declararlas a la Hacienda Pública. El juicio sobre las subvenciones que recibieron las empresas «tapadera» del chófer, que ascendieron a 1,47 millones de euros, no tiene aún fijada fecha en la Audiencia«.
Ya en septiembre de 2016, según informa ‘ABC de Sevilla’, el Juzgado de lo Penal número 2 de Jaén lo condenó por un delito contra la Hacienda Pública. El chófer aceptó la pena de un año y medio de prisión y una multa de 660.000 euros. Como no hizo frente a la sanción, finalmente entró en prisión el 6 de noviembre de 2018 hasta el 1 de julio de 2020.
En esta ocasión y según la informa que publica el periódico sevillano:
«El chófer volverá a sentarse en el banquillo por los 1,47 millones de euros en subvenciones que Guerrero le concedió entre 2004 y 2005 sólo porque eran amigos. En su auto de procesamiento, la juez María Núñez Bolaños sostiene que el exdirector de Trabajo le «sugirió» que creara dos empresas porque «tenía facultades para conceder subvenciones y que no tenía que justificar nada», según relató su subordinado.
La Fiscalía Anticorrupción solicita 14 años de prisión para el exchófer y el exdirector general de Trabajo, quien ha visto extinguida su responsabilidad penal tras su muerte, además de 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1,4 millones».
