Es el nuevo desprecio hacia los funcionarios de prisiones.
Fernando Grande-Marlaska quiere congraciarse con la población reclusa de España y ya prepara un cambio normativo para que el testimonio de los presos tenga la misma equivalencia que la de los encargados de la vigilancia penitenciaria.
Según recoge este 25 de marzo de 2022 el digital The Objective, desde el Ministerio del Interior se busca no estigmatizar a quienes tengan que estar entre barrotes y, de paso, poner en el ojo del huracán a los propios servidores públicos.
Los sindicatos de los funcionarios de prisiones critican la instrucción que el departamento de Marlaska envió en marzo de 2021 a las direcciones de los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
La directriz, todavía vigente, obliga a informar al juzgado de cualquier denuncia de un interno que afirme que ha sido agredido por un funcionario, haya o no parte de lesiones.
Orden que en cierto modo da presunción de veracidad al preso ante una posible agresión y que, al mismo tiempo, colisionaría con esa autoridad respecto a las sanciones que obtendrá el trabajador penitenciario.
La que fuera líder de Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez, dejó muy clara su contrariedad, aunque ya nada le extraña de un Marlaska que parece tener querencia hacia los presos, especialmente hacia los de la banda terrorista ETA.
Este gobierno no tiene la más mínima a decencia. La burla a las víctimas y el despreció a los funcionarios públicos es una infamia que los retrata. Ni decencia ni piedad. Asco. https://t.co/H9L05EBChH
— Rosa Díez (@rosadiezglez) March 25, 2022
MÁS QUEJAS
De hecho, el descontento de los funcionarios de prisiones con el titular de la cartera de Interior viene de lejos.
Y no solo ante esta directriz donde se equipara la palabra de un delincuente a la de un servidor público, sino también por la dejadez a la hora de velar por la integridas de los propios trabajadores públicos de las cárceles españolas.
Una de las causas de esta cuestión radicaba en la falta de personal: hay años en los que no había, prácticamente, oferta de empleo y existe un déficit de unas 3.400 plazas. «Es imposible garantizar las seguridad dentro de nuestras prisiones cuando un funcionario tiene que estar a cargo de casi 120 internos».
Ya en ese momento eran bien claros a la hora de señalar con pelos y señales que habían sido «engañados» por el Gobierno con promesas no cumplidas de aumentos salariales.
Y definían la actitud de Interior con una frase más que elocuente:
El ministro Marlaska ha pasado de perseguir a Otegi a perseguir a los funcionarios de prisiones.
Ambos funcionarios dejaban claro que al Gobierno de Sánchez no le resultaba atractivo ahondar en el asunto de las prisiones:
El problema es que las prisiones no tienen ninguna rentabilidad política.
