Tal y como les contábamos hace unos días en Periodista Digital, el magistrado Fernando Presencia fue detenido en plena calle, trasladado en un vehículo policial, conducido a comisaría y, una vez allí fichado –con la consiguiente toma de huellas, medición de altura y fotografías de frente y perfil–, solo con el objetivo de serle comunicada una sentencia.
El arresto se produjo el 28 de noviembre de 2019 a las 8 de la mañana, cuando salía de su casa para pasear a sus perros antes de llevar a sus hijos al colegio en una calle de Talavera de la Reina, localidad de la que era juez decano.
¿El motivo de la detención? Únicamente, notificarle una sentencia: la de una condena que se le impuso a Presencia por supuestamente calumniar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, que curiosamente fue revocada meses después.
Como informamos el pasado 26 de marzo de este año, el juez Presencia, también presidente de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Publica (ACODAP), le complica el futuro político al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la vida profesional a quienes participaron en esa orden de detención porque presentaba denuncia contra el ministro de interior, Fernando Grande–Marlaska, junto con el comisario jefe de la Policía de Talavera de la Reina, José María Delgado, la titular del Juzgado de lo Penal 3, con sede en la Ciudad de la Cerámica, Marta Vicente de Gregorio, el secretario judicial César Rufo Llorens, el fiscal Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, y el presidente en funciones del TSJCLM, Vicente Rouco Rodríguez. Todos ellos por los presuntos delitos de detención ilegal, falsedad en documento público, prevaricación administrativa y tráfico de influencias
En esta denuncia se incluía una foto tomada en una jornada de caza (como aquella que acabó con la carrera política del ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo), que, a juicio de los denunciantes, «deja clara constancia de la estrecha amistad existente entre el comisario de policía y el fiscal decano de Talavera de la Reina».
Una vez recabada la denuncia, el juzgado de instrucción número 39 de Madrid ha abierto una investigación por un presunto delito de prevaricación administrativa contra el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, según la información ofrecida por ACODAP a Periodista Digital.