Lo cuenta este domingo ABC, el Gobierno intentó multar al expresidente Mariano Rajoy, por caminar cerca de su domicilio durante el confinamiento sin contar con pruebas, apoyándose únicamente en unos vídeos emitidos por laSexta que la Dirección General de la Policía dio por buenos sin chequear. «Los elementos de que se disponen podrían, todo lo más, tener la consideración de indicio», alertó la Abogacía del Estado, en abril de 2020. «La incoación de un procedimiento sancionador, con los elementos de que se dispone, no cuenta con suficientes garantías que permitan asegurar el éxito, la viabilidad, acierto y corrección de la resolución», concluye.
Los letrados se pronunciaron así tras ser consultados sobre la sanción que la Dirección General de la Policía propuso para el expresidente popular y que fue admitida a trámite por la Delegación del Gobierno de Madrid.
Todo ello en una semana. El mismo día en que laSexta publicó los vídeos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que se estaban «realizando las investigaciones oportunas para comprobar» si Rajoy se había saltado el confinamiento. «En un estado de Derecho, el principio de legalidad es un pilar base», Pero según revela el informe de la Abogacía sucedió lo contrario ya que el proceso de multa contra Rajoy se puso en marcha precisamente por ser quién era, sin preocuparse de si existían las pruebas necesarias.
Sin fecha ni identificación
Las alarmas se dispararon en la Abogacía al comprobar que el oficio de la Policía no indicaba «si se ha realizado tarea alguna de análisis de las imágenes que permita afirmar que las mismas no han sido objeto de tratamiento, modificación o manipulación y que el día, la hora y lugar en que se dice que se han tomado son ciertos». En esta línea, el informe pedía al Gobierno que tuviera en cuenta que los vídeos no habían sido grabados «por un agente ni por una cámara habilitada en una zona videovigilada administrativamente autorizada», y que no podían, por tanto, darse por buenos sin más.
El único chequeo que reconoció haber hecho la Policía fue «una comprobación geográfica sobre el terreno». Es decir, una verificación de que los automóviles que aparecían en las imágenes seguían aparcados unos días después y que las escenas correspondían, por tanto, a algún momento del confinamiento. Nada más. Por ello, los letrados advirtieron al Gobierno de que este chequeo no era suficiente porque las limitaciones del estado de alarma se habían ido ampliando desde marzo de 2020.
Las imágenes con las que Marlaska quería multar a Rajoy.
Los abogados del Estado aún encontraron más carencias jurídicas en la iniciativa y señalaron que «siendo innegable» que en las imágenes aparecía «una persona de evidente parecido físico» con Rajoy, ésta no pronunció «palabra alguna ni, menos aún, se le identifica».
Para no dejar lugar a dudas, la Abogacía hizo un ejercicio hipotético considerando que «las imágenes fueran correctas, desplegasen eficacia probatoria y se hubiese identificado correctamente a Mariano Rajoy». E incluso en este caso volvió a concluir que tampoco procedía incoar una sanción porque se desconocía el motivo por el que el expresidente se pudiera encontrar deambulando».
En este sentido, recordaba que las restricciones a la libertad de circulación tenían «una serie de excepciones» que permitían «legalmente hablando, circular por la vía pública». En vista de todo ello, el informe consideraba que acordar la incoación de la multa en ese momento, no era «ilegal per se» pero «difícilmente» se podría «dar por cumplido el requisito de la imputación de los hechos presuntamente constitutivos de infracción».
