Resulta al menos curioso que siempre que se exteriorizan estudios descubriendo supuestas injerencias de los gobiernos en las aspiraciones independentistas estos son de Universidades extranjeras. Ya decía William Shakespeare en su Hamlet, algo huele a podrido en Dinamarca. Ahora, ha sido en Toronto desde donde se denunció un Watergate Catalán en una operación de propaganda para alimentar el discurso de represión en beneficio de Puigdemont en su campaña contra la unidad de España. El autor de ese “estudio”, con errores de bulto, es un declarado independentista, Elias Campo, investigado por la Audiencia Nacional como integrante de Tsunami Democratic, aunque consiguió que un medio influyente como The New Yorker se hiciera eco de esos supuestos casos de espionaje masivo, propagado por el separatismo a bombo y platillo.
A tal respecto, debemos recordar que en plena efervescencia golpista en Cataluña del 1-O, según Carlos Cuesta en Ok Diario, la Policía Nacional y la Guardia Civil buscaban en el año 2017 dos furgonetas de los Mossos d`Escuadra, una se encontró vaciada, que estarían repletas de equipos de espionaje en las que se acumulaba material sofisticado para funciones determinadas por el Cesicat, conocido como el CNI catalán, y la UCRO, Unidad Central de Respuesta Operativa. Las tesis de la PN y GC coincidieron en que la documentación entregada en instancias judiciales apuntaba a que el aparato separatista contó a su favor con pinchazos telefónicos, vaciados de mails, tumbados de páginas web encargados sin respaldo judicial y con el propósito de tener controlada tanto a su gente, como a los posibles opositores al deseo de romper con España en la preparación del 1-O. Precisamente, fuentes de Defensa hace unos días dejaron entrever que “no sólo los gobiernos compran Pegasus”, insinuando que otros Cuerpos de Seguridad del Estado, Mossos d`Escuadra y la Ertzaintza, podrían haberlo adquirido.
La Ministra de Defensa Margarita Robles hace unos días en la sesión de control al Gobierno, con acierto y valentía, justificó la investigación de determinados dirigentes y activistas del independentismo catalán por el Procés en 2017, y en las actividades del Tsunami Democratic en 2019, preguntando: “¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas, realiza desórdenes públicos, cuando alguien tiene relaciones con dirigentes políticos de un país como Rusia invadiendo Ucrania?”. El Estado con todos los medios legales a su alcance puede y debe investigar las amenazas a su propia existencia, al Estado de derecho, aunque siempre con el debido control y autorización judicial. No obstante, cómo se puede inferir que era el CNI el que espiaba a los enemigos de España, si, como dicen los expertos, este Sofware no deja rastros del origen de la infección. Se puede hacer por Bluetooth, por Wifi, con un código QR y de otras muchas formas. Si lo hubiera usado el CNI siempre habría tenido que contar con la autorización del juez especial del Tribunal Supremo, que es quien debe supervisar la intervención.
Pues bien, ayer, los enemigos de España, los que atentan contra su unidad y el actual Estado de derecho, han entrado a formar parte de la Comisión de Secretos Oficiales, cambiándose las reglas vigentes desde el año 1982, mayoría de 3/5 del Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta, con el consentimiento de Batet. Así, ahora han entrado en dicha Comisión, Mertxe Aizpurua (Bildu), condenada por enaltecimiento del terrorismo; Gabriel Rufián (ERC), defensor de los CDR; Miriam Nogueras (JxCat), la emisaria de Puigdemont “El huido de la justicia”; y Albert Botran (CUP), el representante de los antisistema. Es decir, los bilduetarras, los separatistas, los golpistas y los antisistema vigilarán al Centro Nacional de Inteligencia en materias del Estado al que no quieren pertenecer, conocerán de las materias secretas, controlaran sus actividades y gastos reservados, etc.. Menuda paradoja, los enemigos del Estado cuidando España.
Debemos decir, alto y claro, que la entrada en la Comisión de Asuntos Reservados ha sido una de las prebendas que Sánchez otorgó a los golpistas e independentistas. Como bien dicen en el PP, se ha roto un consenso de hace cuatro décadas. Y, Arrimadas lo calificó de “dream team”, al que sólo le falta Jack el destripador. Es el nuevo peaje impuesto por los proetarras, golpistas y separatistas para que Sánchez pueda seguir en la sede monclovita. Así, los enemigos de España habrán domado al caballo alado de Pegaso y podrán montarlo en dirección a sus aspiraciones secesionistas.
