Se le empieza a poner de color hormiga el futuro judicial a Mónica Oltra.
Y tres cuartas partes de lo mismo, pero en el ámbito político, a Yolanda Díaz, que ve como su proyecto empieza a zozobrar ante los problemas de la vicepresidenta valenciana con la Justicia.
Sin embargo, y a pesar de todos los impedimentos de la líder de Compromís, al final las diferentes instancias judiciales han ido dando la razón a los denunciantes de los hechos, y dejan a la política levantina a un solo paso del banquillo.
Sin duda, a poco más de un año para las elecciones generales, esa imagen de Oltra entrando por los juzgados es un torpedo en toda la línea de flotación del proyecto político diseñado por Yolanda Díaz. Y es que la de Compromís era una de sus bazas para intentar obtener una nutrida bolsa de votos en esos comicios de finales de 2023.
INDICIOS RELEVANTES
Mónica Oltra lo había fiado todo a que la Fiscalía haría de perfecto parapeto para que el caso cayera en el ovido.
Pero nada más lejos de la realidad. El órgano considera que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana es perfectamente competente para la instrucción y, en su caso, enjuiciamiento de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana al encontrar indicios relevantes de delito en la gestión que hizo de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.
El Ministerio Público reclama al Alto Tribunal que se realicen cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación de los hechos y la determinación del grado de participación de la persona aforada.
Dicho en plata, avala su posible imputación en la causa abierta por el presunto encubrimiento del agresor.
Respecto a los trece investigados, entre los que se incluyen cargos políticos y funcionarios de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, el departamento de Oltra, la Fiscalía señala que en momento posterior se valorará si se debe asumir la competencia para abordar todo el proceso desde un único tribunal.
Por tanto, la acusación pública asume la tesis del titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia que, en una extensa exposición razonada, solicitó la imputación de la portavoz del Gobierno de Ximo Puig al encontrar indicios racionales, serios y fundados de su participación en el supuesto desamparo a la víctima, una niña de 14 años que vivía en un centro de menores de Valencia.
El agresor, Luis Eduardo Ramírez Icardi, un educador de la residencia, fue condenado a cinco años de prisión por unos hechos que ocurrieron en 2016 y 2017 y está a la espera de que se resuelva su recurso ante el Tribunal Supremo.
LOS ABUSOS DE LUIS EDUARDO RAMÍREZ
Los abusos de Luis Eduardo Ramírez fueron investigados y según las mismas cuando la niña de 14 años no cumplía las normas del centro donde estaba internada, era enviada a pernoctar en una habitación separada del resto de internos, le llamaban la habitación de castigo, nadie podía ver ni escuchar lo que allí sucedía.
Por las noches, cuando ella estaba a solas en el lugar, uno de los tutores entraba al lugar, se encargaba de tocarla, masajearla, aparentemente para que ella se tranquilizara. Pero cuando la niña se quedaba dormida, el hombre se bajaba los pantalones, tomaba la mano de la niña y se masturbaba.
El educador creía que la niña no se daba cuenta de esto, pero en realidad, la niña no se dormía, era totalmente consciente de lo que sucedía, pero el miedo la paralizaba, no protestaba, no decía nada.
Luis Eduardo Ramírez, de origen argentino era el marido de Mónica Oltra en ese momento, seguían casados y ella era la mandamás de la Consejería de Bienestar Social. Y a pesar de que no quiera hablar del asunto, la justicia que condenó a Ramírez ha admitido que la posición política de Oltra influyó en las reticencias de la víctima a denunciar.
