Eran guardias civiles que, tras la Constitución, interpretaron que podían agruparse en sindicatos profesionales. Fueron perseguidos como terroristas, vulneraron todos sus derechos, enviaron a periodistas mercenarios para “plantar” pruebas y detenerlos; los detuvieron de madrugada o de día, en sus casas, que fueron registradas, algunos pasaron por psiquiátricos y la mayoría fueron jubilados con la miserable pensión correspondiente porque sus ansias democráticas constitucionales eran incompatibles con la Guardia Civil. Enlace Las Esposas de los Guardias Civiles Democráticos las únicas que podían hablar
La dirección general del Cuerpo cuando estaba al frente Luís Roldán, con Corcuera de ministro de Interior, Narcís Serra en Defensa y Felipe González en la presidencia del Gobierno organizó lo que llamó “Operación Columna”, por la que miembros de la lucha contra el terrorismo se dedicaron a perseguir a sus propios compañeros. Decenas fueron jubilados, cuatro expulsados tras un trámite kafkiano con pérdida de expedientes que aparecen al poco de prescribir que siguen expulsados hoy, transcurridos casi 30 años. Operación columna corrupción de estado
Tiempo después, una sentencia del T. Constitucional estableció que tenían derecho a asociarse y nacieron las organizaciones asociativas, muy controladas y con pocos derechos, aunque viendo la evolución en los sindicatos policiales con sus subvenciones, liberados, ascensos, privilegios y prebendas igual no es la fórmula idónea para defender a un colectivo con garantías. El movimiento asociativo tiene sus héroes, los cuatro expulsados: José Morata, José Carlos Piñeiro y Manuel Rosa, aún con vida, y Manuel Linde, ya fallecido. Hubo otros muchos jubilados anticipadamente y otros que sin ser represaliados lucharon siempre en primera línea, como Florencio Garrido. Sentencias firmes del TC y del TEDH sin ejecutar
Ante el muro de la administración para constituirse como Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC), o Unión Democrática de Guardias Civiles (UDGC, que creó Manuel Rosa), José Morata creó COPROPER, Coordinadora Pro-Perjudicados por la Gestión de Luís Roldán, contando con su “mano derecha”, Alejandro Álvarez Borja y con José Piñeiro, ambos miembros del SUGC. Legalizado Coproper, Morata y Borja fueron números 1 y 2 de AUGC y años después participaron, junto con José Piñeiro y otros destacados activistas por los derechos de los guardias civiles (Fernando Carrillo, Florencio Garrido, José Miguel Prades, José Manuel León…) en el nacimiento de GUCIPOL (Colectivo Democrático de Policías y Guardias Civiles), que existe para demandar la reparación de sus derechos a los tres expulsados que continúan con vida: Morata, Piñeiro y Rosa, y la Manuel Linde a título póstumo. Una demanda justa a la que desde este momento nos sumamos este Colectivo de Uniformes en Democracia.
Durante años se han presentado y aprobado demandas en el Congreso vía PNL que han sido aprobadas; el PP votaba a favor en la oposición y en contra cuando gobernaba, y el PSOE votaba siempre a favor, pero hacia lo mismo que el PP en el Gobierno: nada. UPyD, Cs y UPodemos han presentado y apoyado mociones para el reingreso. Estos guardias represaliados actuaron conforme a la Constitución, están amparados por una sentencia del Tribunal Constitucional y merecen el mismo trato que los militares de la UMD que actuaron antes de ser aprobada la Constitución.
En los últimos años la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado de acuerdo con resolver el asunto y ha recibido a los tres expulsados; el ministro de Interior lo estudia y al menos responde a las cartas de las asociaciones al respecto, y la directora general de la Guardia Civil dice que la ley de régimen de Personal es la norma para resolver este asunto. Nosotros creemos que sería mucho más rápido y “limpio” en un RD propio, como se hizo respecto a la UMD, pero, en cualquier caso, por primera vez y gracias a GUCIPOL, a las asociaciones de guardias civiles (excepto APROGC, la de mandos) y a la lucha de los expulsados, los jubilados y sus compañeros y amigos, policías y guardias civiles, se atisba una luz de esperanza en el horizonte. ¿Habrá llegado ya la hora de la justicia democrática? Carta abierta al presidente del Gobierno.
