Los jueces del CGPJ y del T. Constitucional, si tuvieran un mínimo respeto por la ciudadanía y las instituciones, en el único gesto de dignidad que les queda presentarían su dimisión todos, aunque fuera condicionada a que su efecto se produzca en el momento en que la presenten todos los demás. Al menos algunos quedarían señalados. Todos están políticamente contaminados y eso los incapacita para dirigir la justicia o interpretar la Constitución. Esta partidocracia con máscara de democracia que habitamos ya no guarda las formas y el enfrentamiento ideológico y partidista aparece descarnado ante los ojos de la opinión pública.
El Partido Popular, siempre que toca renovar dichos órganos y está en la oposición lo bloquea. La mayoría de los jueces son conservadores y siempre han sido reticentes a que la justicia sea gobernada desde sectores más a la izquierda. El PSOE, con su alianza con comunistas bolcheviques, filoterroristas e independentistas le ha dado al PP la excusa perfecta para seguir pretendiendo gobernar la justicia, aunque los votos le hayan dicho lo contrario. Combatir esa cerrazón del PP pretendiendo cambiar reglas del juego, normas de funcionamiento de órganos judiciales para tener mayoría en el CGPJ y principalmente en el T. Constitucional, visto el recorrido político de Pedro Sánchez es para encender todas las alarmas de la democracia (partidocracia) y las instituciones. Proponer al Constitucional a su exministro de Justicia y a una persona comprometida con las tesis del independentismo catalán no arrojan buenas señales sobre qué se pretende que haga dicho órgano. Partidos que llevan siglos tratando de demoler la nación española y que ahora cuentan con el apoyo cómplice y entusiasta del PSOE de Pedro Sánchez, como en la Segunda República el PSOE de Largo Caballero contribuyó decisivamente al conflicto social con intentos de golpes de Estado, sin impedir quema de iglesias y asesinatos, defendiendo imponer sobre la República una dictadura del proletariado. Ese clima contribuyó al inicio de la Guerra Civil del sedicioso Franco (ahora ya desposeído de esa acusación por la supresión del delito). Desde años antes del levantamiento militar, Largo Caballero anunciaba en sus mítines y escritos en el diario El Socialista que iban a tomar el poder por la fuerza y que si ganaba la derecha en las urnas había que hacer la revolución y si fuera preciso, ir a la guerra. Fue y la perdió.
El panorama político es desolador. A ERC y Bildu en sus demandas de referéndum de autodeterminación, pretendiendo robarnos el derecho a decidir a millones de españoles, se une el PNV, que aprovechando la intención de cambiar el término “disminuidos” en la Constitución, propone cambios que son cargas de profundidad contra la nación. Propone eliminar el artículo 155 y reconocer el derecho a decidir de las comunidades autónomas. Por la puerta de atrás pretende acabar con la disposición constitucional que fija la soberanía nacional en el pueblo español, soberanía que es un valor superior a la Constitución y que existiría aunque la carta fundamental no lo dijera. Entre sus enmiendas plantea cambiar el artículo 2º para “reconocer y garantizar el derecho a la autonomía de las naciones y regiones que integran el Estado y la solidaridad entre todas ellas”. Proponen también incorporar una disposición adicional que resalte “la plena realización de los derechos históricos del pueblo vasco, como manifestación institucional de su autogobierno, que se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía, libre y democráticamente representada, siendo su ejercicio pactado con el Estado”. Propone limitar la inviolabilidad del rey a cuestiones relacionadas con su tarea política (con lo que estoy de acuerdo) y también modificar el artículo 8º para acabar con la función de las Fuerzas Armadas de “garantizar el ordenamiento constitucional” y la “integridad territorial” porque dicen que en una democracia esa tarea es de los tribunales de justicia. Hay que cambiar la Constitución para acabar con los privilegios del cupo vasco y centralizar algunas competencias que garanticen el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley y su protección por el Estado. Un modelo de Estado centralista como el francés, más plenamente democrático que la partidocracia española, sería infinitamente más productivo para la ciudadanía que estos cortijillos en que ha convertido la nación la élite política feudal, pensando en sus intereses y no en servir y proteger a la gente.
El panorama judicial no es más alentador que el político. Cuatro jueces con mandato vencido en el T. Constitucional (desde el gobierno y sus acólitos solo señalan a dos, los conservadores, pero se olvidan de los dos progresistas tan “caducados” como los anteriores) y si dimitieran los cuatro el órgano se quedaba en siete, siendo el quorum mínimo para tomar decisiones de ocho. Quedaría desactivado. Los miembros de los órganos judiciales renovados mediante acuerdo político están obligados a seguir en sus cargos hasta que se produce la renovación para garantizar el funcionamiento de las instituciones. Dos jueces que deciden sobre una recusación a ellos mismos en el T. Constitucional no tiene de entrada buena impresión, como tampoco que una vocal del CGPJ decida con su voto que no se puedan nombrar los candidatos de dicho órgano al T. Constitucional porque no son «de la cuerda» de su marido, Conde-Pumpido, el candidato del PSOE a presidente del tribunal Constitucional, dispuesto a mancharse la toga con el fango del camino para no se sabe qué, aunque podemos imaginar que se pretende conceder privilegios a Cataluña. Distinto es el caso de otro vocal del CGPJ, hermano de uno de los propuestos para el T. Constitucional que se abstuvo actuando con ética profesional, aunque al faltar su voto su hermano no fuera designado. No es un relato de familias de la mafia calabresa, es de jueces y políticos en España en los últimos días del año 2022.
Hay que resetear el sistema democrático. Debemos poder opinar y decidir. La élite política ya ha agotado su tiempo. Somos una partidocracia. Elegimos en listas cerradas que hacen los partidos a quienes ellos proponen, que votan en el Congreso por el interés del partido y el propio. Los españoles tenemos derecho a decidir el presente y el futuro y no estar sometidos a pactos sobre los fundamentos de la nación, que está por encima del sistema político instaurado. La nación es un ente superior al régimen político, monarquía o república y por supuesto, superior al interés de los partidos políticos y sus dirigentes. Sediciosos, golpistas, malversadores y violadores están ya en libertad o viendo recortadas sus condenas gracias a este Gobierno y su pacto Frankenstein. ¿Dónde está el interés general de la ciudadanía, los derechos de la gente? En este tiempo de penumbras, censura, pensamiento único talibán, luchas para imponer a secuaces con toga en el T. Constitucional por unos y otros, de fascistas disfrazados de demócratas decidiendo que sé puede o no pensar y decir, llega a parecer subversivo hablar de la Navidad por ser una fiesta religiosa, católica y cristiana. Muchos dirigentes felicitan las fiestas del cordero a los musulmanes y se olvidan de los cristianos. Por eso procede acabar este texto deseando a todos los lectores de este digital Feliz Navidad.
