HUELE A PODRIDO

Los hermanos de Ximo Puig se compraron un ‘casoplón’ con dinero público

Las investigaciones de la UCO cercan al presidente valenciano y salpican al aragonés Lambán

Francis Puig, hermano de Ximo Puig, a la derecha y su abogado, a la izquierda.
Francis Puig, hermano de Ximo Puig, a la derecha y su abogado, a la izquierda.

Se acercan las elecciones en la Comunidad Valenciana y, aunque la mayoría de los medios valencianos tratan de silenciarlo, se le complica la reelección a Ximo Puig por culpa de las cada vez más fundadas sospechas de corrupción.

La trama de los hermanos de Puig no para. En la Comunidad Valenciana, en Cataluña y en Aragón. En el territorio del socialista Javier Lambán, han contado con ayuda para incrementar sus subvenciones, negocio televisivo con licencias oficiales, implantar minirrevistas plagadas de publicidad institucional y hasta para desarrollar el patrimonio personal. Allí, de hecho, los hermanos del presidente valenciano —sólo su gobierno regional ha concedido 1,2 millones en subvenciones— implantaron un espectacular mecanismo: camuflaron un chalé como sede social y lo costearon con subvenciones, tal y como publica Libertad Digital.

El informe de la UCO relativo a esta parte de las subvenciones y al trato recibido por los hermanos de Ximo Puig en Aragón relata la lucrativa peripecia.

El informe de la Benemérita localizó una «sede social, correspondiendo según consta al n°2 de la calle Nogueretes de la localidad de Peñarroya de Tastavins (Teruel)». «En primer lugar», prosigue el informe, «hay que reseñar que en ese número donde supuestamente se encontraría, corresponde a un almacén y una huerta como se reseñó en anteriores diligencias.

«El número 4 de la misma calle como dirección de Jorge, otro hermano de Ximo Puig, es propiedad del citado, encontrándose empadronado en la misma. Ante la posible existencia de más propiedades cuya titularidad corresponde a Jorge Puig, se consultaron varias bases de datos, constándole en la base del Catastro la vivienda en la citada calle (pese a que en base del Registro de la Propiedad consta el número 2A y en la del Catastro el 4, tratándose de la misma vivienda según las descripciones del lugar que contienen en ambas bases) y otra en Castellón C/ Gran Bretaña 52″, destaca la Guardia Civil.

La investigación señala igualmente que «resulta extraño que Jorge le cobre el alquiler a la empresa de una propiedad que no es suya». Porque cobraba un alquiler a las empresas de su hermano Francis, gastos que, posteriormente eran cargados a subvenciones públicas.

«Lo antes expuesto se confirma en el contrato de alquiler aportado por la mercantil, en el que tanto al Arrendador (Jorge Puig) como al Arrendatario (Mas Mut Produccions S.L.) les consta el mismo domicilio, no como se hace constar en las facturas presentadas, que constan los números 2 y 4 de la calle Nogueretes. Igualmente, según los datos aportados en la factura, no es posible el hecho de que alquile su propia vivienda, citada con anterioridad, a Mas Mut Produccions S.L., puesto que hace constar en la factura dos domicilios diferentes y no se corresponden estos datos con los obrantes en los contratos firmados entre los mismos intervinientes».

Para colmo, «relativo a estas facturas, la sociedad presentó como justificación para la subvención obtenida del Gobierno de Aragón para el año 2018 el contrato de alquiler firmado el uno de enero de 2006, de un local de negocios sito en C/Nogueretes n°2-A de la localidad de Peñarroya de Tastavins (Teruel).

La Guardia Civil llama la atención sobre un factor adicional: «Otro aspecto que produce extrañeza relacionado con el contrato de alquiler, es como se ha indicado con anterioridad, que no existen en los asientos aportados por las entidades bancarias de las cuentas cuya titularidad corresponde a la citada mercantil más pagos por el alquiler del mencionado local desde el 1 enero de 2015 hasta el 1 junio de 2019 (fechas de movimientos que se solicitaron), salvo uno el 12/02/2016 de 1.632,8 con el concepto «Lloguer local 2015 + suministres» y los mencionados con anterioridad para el periodo de enero a octubre de 2017″.

La Benemérita concluye que «resulta sorprendente que habiendo un contrato de alquiler desde 2006 hasta la actualidad, pese a que con fecha de anterioridad al 1 de enero de 2015 no se pueda comprobar el abono del alquiler del local comercial, al no tener los asientos bancarios correspondientes, que desde ese 1 de enero de 2015 hasta junio de 2019 únicamente se encuentren esos pagos por el alquiler, no encontrándose pagos correspondientes al año 2016, ni a los meses de noviembre o diciembre de 2017, ni al año 2018 ni de enero a junio de 2019».

La Guardia Civil tiene la sospecha de que esa casa es un chalé unifamiliar costeado desde la empresa y cargado a subvenciones.

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Autor

David Lozano

Voluntarioso contador de hechos. Frases verdaderas contadas con palabra.

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