Algunos cargos del PSOE tienen un serio problema con lo que parece ser una querencia a las prostitutas y otras adicciones. Al sangrante caso de los EREs de Andalucía, donde cargos de la socialista Junta se gastaban el dinero público destinados a los parados en prostitutas y cocaína, se une ahora en todo lo conocido –hasta ahora- en el Caso Mediador del Tito Berni y otros diputados en el Congreso.
Y mientras la polémica crece al tiempo que las sospechas sobre la integridad moral y ética de muchos de los parlamentarios del PSOE, el ministerio de Igualdad, el de Irene Montero, sigue a lo suyo, a lo que mejor se le da: a despilfarrar dinero público en programas de dudosa efectividad y necesidad.
En esta ocasión, la secretaría de Estado de la amiga íntima de Montero, Ángela Rodríguez Pam despilfarra nada más y nado menos que 7 millones de euros para destinarlos a la financiación de proyectos que tengan que ver con la atención a mujeres y niñas víctimas de trata de personas.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) convoca a organizaciones, sin ánimo de lucro, que se dediquen a brindarle atención, protección o formación a mujeres y niñas que hayan sido identificadas como víctimas de la trata de personas, con fines de explotación sexual.
Los organismos interesados en recibir estas subvenciones tendrán 15 días para presentar sus solicitudes a través de la vía electrónica, explicando cuál será el alcance del proyecto y los montos se decidirán atendiendo a la puntación obtenida en aplicación de los criterios objetivos de ponderación, de conformidad con los establecido en otro apartado de la convocatoria: una memoria explicativa de la entidad que solicite los recursos, una descripción del proyecto y una declaración responsable para la obtención de los medios para financiar el recurso.
Los recursos serán específicamente para «entidades de naturaleza jurídico privada sin ánimo de lucro y con implantación estatal o autonómica según sus estatutos y que, en el momento de la publicación de la convocatoria, carezcan de fines de lucro e incorporen, entre los fines y objetivos recogidos en sus estatutos, la protección, la atención o la asistencia laboral, formativa, informativa, médica, jurídica o psicológica, a víctimas de trata con fines de explotación sexual o personas en contextos de prostitución, o que las entidades u organizaciones solicitantes acrediten fehacientemente, por cualquier medio admitido en derecho, experiencia en el desarrollo y puesta en práctica de proyectos de atención a estos colectivos», según publican en el BOE.
Los recursos serán específicamente para «entidades de naturaleza jurídico privada sin ánimo de lucro y con implantación estatal o autonómica según sus estatutos y que, en el momento de la publicación de la convocatoria, carezcan de fines de lucro e incorporen, entre los fines y objetivos recogidos en sus estatutos, la protección, la atención o la asistencia laboral, formativa, informativa, médica, jurídica o psicológica, a víctimas de trata con fines de explotación sexual o personas en contextos de prostitución, o que las entidades u organizaciones solicitantes acrediten fehacientemente, por cualquier medio admitido en derecho, experiencia en el desarrollo y puesta en práctica de proyectos de atención a estos colectivos», según el BOE.
Y todo esto se produce, además del marco del escándalo de corrupción del Tito Berni y los suyos, en medio de un enfrentamiento entre las representantes de las prostitutas y el Gobierno de Pedro Sánchez a raíz del intento que Igualdad tiene de reformar el Código Penal para abolir la prostitución.
