El reciente apagón eléctrico que dejó a millones de españoles, portugueses y franceses a oscuras ha desatado un terremoto político en Madrid. Mientras los ciudadanos aún se preguntan por qué medio país se quedó sin luz durante horas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto en marcha una estrategia que ya es marca de la casa: buscar culpables fuera y blindar a los afines dentro. En esta ocasión, el plan pasa por cargar la responsabilidad sobre PP y VOX, al tiempo que protege férreamente a Beatriz Corredor y al resto de enchufados socialistas en el sector energético.
La secuencia del apagón: incertidumbre y opacidad
El lunes 28 de abril, poco después del mediodía, la red eléctrica española colapsó en cuestión de segundos. El fallo dejó sin suministro eléctrico no solo a varias comunidades autónomas de España, sino también a regiones enteras de Portugal y el sur de Francia. Los transportes públicos se vieron paralizados, los aeropuertos quedaron en el limbo y la indignación ciudadana se disparó. Las causas exactas siguen bajo investigación, aunque las primeras informaciones apuntan a una perturbación atmosférica inusual en las líneas de alta tensión —algo tan exótico como poco tranquilizador para el común de los mortales—.
A pesar de la gravedad del suceso, ni Red Eléctrica (ahora Redeia) ni Moncloa han ofrecido explicaciones técnicas concluyentes. De hecho, la presidenta de la compañía, Beatriz Corredor, prefirió no dar la cara en las primeras horas críticas tras el apagón, enviando en su lugar a un directivo de segundo nivel.
Beatriz Corredor: blindaje político y sueldo millonario
La figura de Beatriz Corredor es clave para entender este embrollo. Exministra socialista sin experiencia técnica en energía, fue nombrada por Sánchez como presidenta de Red Eléctrica en 2020, cargo desde el que ha acumulado cerca de 2,8 millones de euros en cinco años. Su gestión ha sido cuestionada incluso antes del apagón: bajo su mandato se ejecutó la venta de Hispasat a Indra con una pérdida patrimonial de 200 millones para las arcas públicas.
Curiosamente, pese a ser la responsable directa del operador nacional y estar Redeia bajo control público (la SEPI posee un 20% del capital), Moncloa ha salido en tromba a defenderla. Para Sánchez, Corredor «no está en cuestión» y su labor «comunicativa» es digna de aplauso según fuentes gubernamentales. La consigna es clara: si hay que buscar culpables, serán otros.
El Gobierno señala a la derecha… y esquiva su responsabilidad
En un giro predecible para quienes siguen el manual sanchista, el presidente ha preferido desviar la atención hacia los operadores privados —donde abundan empresas con intereses cruzados— y especialmente hacia la oposición conservadora. Según Sánchez, «vamos a exigir responsabilidades a los operadores privados si es necesario», pero ni una palabra sobre dimisiones o autocrítica por parte del Ejecutivo ni sobre los altos cargos socialistas colocados en las eléctricas. La estrategia parece diseñada para preparar un nuevo relato donde PP y VOX sean presentados como responsables indirectos o incluso instigadores del desastre.
Esta envolvente comunicativa ya se percibe en declaraciones oficiales: se agita la idea de que «el sistema eléctrico es privado» y se deja caer que alguna gran empresa solar —campo donde la derecha tiene intereses— podría estar detrás del colapso. Todo ello mientras se ignora deliberadamente el papel central que juega Redeia (Red Eléctrica), presidida por alguien sin formación técnica pero con carné socialista desde hace décadas.
Los enchufados socialistas en las eléctricas: un clásico renovado
No es novedad que las grandes empresas energéticas españolas han servido históricamente como retiro dorado para políticos bien conectados. Sin embargo, bajo el actual mandato socialista esta práctica ha alcanzado cotas notables:
- Beatriz Corredor (PSOE): Presidenta de Red Eléctrica/Redeia desde 2020.
- Predecesores como Jordi Sevilla, también exministro socialista.
- Remuneraciones superiores al medio millón anual solo por presidir el consejo.
- Participación pública minoritaria pero control total sobre los nombramientos clave.
Pese al escándalo generado por este último apagón masivo —el mayor en décadas— no hay visos de que estos cargos vayan a asumir responsabilidad alguna. Ni dimisiones ni ceses; solo protección política.
PP y VOX: entre defensiva y contraataque
La reacción desde las filas conservadoras no se ha hecho esperar. Portavoces populares han denunciado el «cinismo» del Ejecutivo al intentar imputarles responsabilidades cuando son sus propios cuadros quienes gestionan Redeia con «absoluta ignorancia técnica». Desde VOX se habla directamente de «sectarismo» y «pucherazo narrativo», exigiendo transparencia real sobre lo ocurrido.
El debate público está servido: ¿Puede un Gobierno culpar a sus rivales cuando controla directamente al operador nacional? ¿Es sostenible mantener al frente del sistema eléctrico a personas sin experiencia técnica solo por afinidad política?
Curiosidades y datos adicionales
- La presidenta Beatriz Corredor cobra 1.500 euros adicionales cada vez que asiste (o preside) una reunión del consejo; solo en dietas por reuniones suma más que muchos españoles ganan al año.
- El propio Sánchez mantuvo durante días un discurso ambiguo sobre las causas técnicas del apagón mientras ya preparaba la ofensiva mediática contra sus adversarios políticos.
- El colapso eléctrico coincidió con un momento histórico: ese día España funcionaba mayoritariamente con energía solar (59%) y eólica (11%), lo cual expuso debilidades estructurales del sistema ante perturbaciones súbitas.
- Entre los antecedentes más llamativos destaca la venta ruinosa de Hispasat bajo gestión Corredor: comprada por 933 millones, vendida por mucho menos apenas cuatro años después.
- Lejos de asumir errores o proponer reformas serias para blindar el suministro nacional, Moncloa parece decidida a convertir este apagón histórico en munición electoral… siempre que los focos apunten lejos de sus propios despachos.
¿Habrá otro apagón próximamente? Solo lo sabremos cuando vuelva a saltar algún plomo. Eso sí, si ocurre —y Sánchez sigue al mando— seguro que ya tiene preparados nuevos culpables ajenos a su círculo más cercano.
