Parecía difícil, pero el actual ministro de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente, ha logrado lo impensable: hacer que la cuestionada gestión de su predecesor, José Luis Ábalos, parezca eficiente en comparación.
Durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ábalos acumuló polémicas por retrasos en infraestructuras ferroviarias, sobrecostes en proyectos clave y una escasa coordinación con las comunidades autónomas.
Su imagen como gestor también se vio erosionada por su vinculación indirecta al escándalo de los contratos de emergencia durante la pandemia, además de la contratación de «sobrinas» en empresas públicas y vinculación directa en la trama PSOE (también llamada trama Koldo), así como la falta de avances en el desarrollo del AVE en varias regiones.
Sin embargo, desde su llegada al ministerio en noviembre de 2023, Óscar Puente ha encadenado críticas por parte de distintos sectores, que le reprochan una deficiente planificación, ejecución y mantenimiento de infraestructuras clave.
Ahora, su gestión suma un nuevo varapalo judicial: un juez ha ordenado paralizar las obras del AVE entre Palencia y Cantabria, obligando a devolver los terrenos a su estado original.
Revés Judicial
El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 falló a favor de Ecologistas en Acción Palencia en el litigio contra el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por las obras del AVE a Cantabria, en el tramo norte de Palencia capital.
La sentencia, a la que accedió este medio, ordena paralizar de inmediato los trabajos y exige restaurar los terrenos e instalaciones a su estado previo a las obras.
Este revés judicial llega en un momento especialmente delicado para el Ministerio de Transportes, que acumula críticas por el deterioro del servicio ferroviario en distintos puntos del país.
La paralización de las obras del AVE no solo retrasa aún más la esperada conexión con Cantabria, sino que también pone en entredicho la planificación medioambiental y administrativa del proyecto. Ecologistas en Acción denunció desde el inicio graves irregularidades en el procedimiento y alertó sobre el impacto ambiental de las actuaciones en la zona afectada.
Además del daño político que supone este fallo para el ministro Óscar Puente, el caso podría sentar un precedente para otros litigios abiertos relacionados con grandes infraestructuras.
El Ministerio y ADIF deberán ahora decidir si recurren la sentencia o acatan el fallo, lo que implicaría un sobrecoste millonario para desmontar lo ya construido y rediseñar el trazado conforme a la legalidad. Mientras tanto, crece la presión sobre el titular de Transportes, cuestionado tanto por la oposición como por sus propios socios de gobierno por su gestión.
