Pedro Sánchez tiene ya a su alrededor más imputados en su círculo político y familiar que ministros le acompañan en su Gobierno.
Y hay que subrayar que el Gabinete socialcomunista, fruta de la Coalición Frankenstein, reúnemela la friolera de 22 carteras.
A día de hoy, más de una treintena de personas están investigadas por la Justicia en las diferentes tramas que salpican de lleno al PSOE.
Y eso tendrá consecuencias
El calendario judicial ha marcado en rojo una fecha que será decisiva para el futuro de Sánchez: el 30 de julio de 2025.
Ese día, el presidente del Gobierno deberá comparecer como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado, quien investiga a su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias.
Una situación sin preceden
tes en la democracia española que coloca al Ejecutivo en una posición extremadamente delicada.
La investigación, que comenzó tras una denuncia del colectivo Manos Limpias —al que se sumó posteriormente Hazte Oír—, ha ido ganando entidad en los últimos meses hasta el punto de que el juez ha decidido tomar declaración al propio presidente. Una circunstancia excepcional que evidencia la gravedad de los hechos investigados y que podría tener consecuencias políticas de primer orden.
🚨47 cargos públicos del entorno de #Sanchez están incursos o relacionados en causas abiertas penales, 21 de ellos imputados y se atreve a decir que es un Político Limpio🚨#Sinvergüenza#Sanchezcorrupto #SanchezDimisión #GobiernoDeLadronesyCorruptos #Begoña #DavidSanchez pic.twitter.com/kRzLw3ODXS
— 🇪🇸 RH0 🇪🇸 (@RobertoHD0) May 10, 2025
El caso Begoña Gómez: cronología de una investigación
El pasado 19 de julio, Begoña Gómez compareció ante el juez Peinado, pero se acogió a su derecho a no declarar. Su abogado, Antonio Camacho, justificó esta decisión alegando que «este procedimiento carece de objeto alguno en este momento, sobre todo porque las diligencias que se han practicado no han aportado nada» contra su defendida.
La esposa del presidente es investigada por haber supuestamente aprovechado el cargo de su marido en sus relaciones profesionales, particularmente con el empresario Juan Carlos Barrabés, quien habría obtenido ayudas públicas gracias a esta conexión. La investigación se centra en la posible existencia de un entramado de influencias que habría beneficiado a determinadas empresas en la concesión de subvenciones.
El caso estalló públicamente cuando el presidente Sánchez, visiblemente afectado, pronunció aquella frase que marcaría un antes y un después en su mandato: «Un día como hoy y después de las noticias, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país». Aquellas palabras fueron el preludio de un insólito «período de reflexión» de cinco días que mantuvo en vilo a toda España y que finalmente concluyó con su decisión de continuar al frente del Gobierno.
La declaración de Sánchez: un momento crucial
El juez Peinado ha decidido que el presidente declare como esposo de la investigada y no en su condición de jefe del Ejecutivo, lo que implica que deberá hacerlo de forma presencial. La comparecencia tendrá lugar en La Moncloa el próximo 30 de julio a las 11:00 horas, y el magistrado ha dado instrucciones para que se instalen «los necesarios dispositivos de grabación».
Esta decisión no es baladí, ya que si el testimonio fuera por razón de su cargo, podría realizarse por escrito. Sin embargo, al declarar como cónyuge, Sánchez deberá responder a las preguntas del juez cara a cara, aunque la ley le permite acogerse a su derecho a no declarar contra su esposa.
La situación coloca al presidente en una disyuntiva complicada: si decide no declarar, podría interpretarse como un intento de obstaculizar la investigación; si lo hace, sus palabras podrían comprometer a su esposa o incluso a él mismo.
Presión política y manifestaciones en la calle
Mientras la investigación judicial sigue su curso, la presión política sobre el Gobierno no deja de aumentar. El pasado sábado, miles de personas —unas 25.000 según la Delegación del Gobierno— se concentraron en la Plaza de Colón de Madrid para pedir la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones anticipadas.
Con banderas españolas y gritos de «dimisión», los manifestantes, convocados por organizaciones civiles y apoyados por la derecha y la extrema derecha, expresaron su rechazo al presidente con lemas como «Traidor, vete ya» y «Pedro Chávez», en alusión al fallecido mandatario venezolano.
El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, presente en la concentración, afirmó que «el Gobierno no está a la altura del país y debería dimitir de forma inmediata (…) convocar a las urnas y dejar que sean los españoles los que decidan el futuro de España». Por su parte, Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox, fue más contundente al señalar que el dirigente socialista «está rodeado de corrupción y de basura moral».
La estrategia de defensa del Gobierno
Frente a estas acusaciones, el Gobierno ha optado por una estrategia de contraataque. Sánchez ha mantenido en todo momento la inocencia de su esposa y ha denunciado la existencia de una «campaña de desprestigio» orquestada por la derecha y la extrema derecha para desestabilizar su Ejecutivo.
En esta línea, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, restó importancia a la manifestación del sábado afirmando que «hoy se manifiesta el pasado, mañana el futuro», en referencia a otra concentración prevista para el domingo en defensa de la Unión Europea y la democracia.
Paralelamente, Sánchez ha intentado desviar el foco de atención hacia otros asuntos, como el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, con el que pretende incrementar en 10.471 millones de euros la inversión en este ámbito, o su apuesta decidida por las energías renovables, que defendió en su comparecencia del 7 de mayo en el Congreso con la contundente afirmación: «El futuro energético de España o es verde o no será».
El papel de la Fiscalía Europea
Un elemento que añade complejidad al caso es la intervención de la Fiscalía Europea, que ha asumido el «núcleo central de la investigación». Este organismo, encargado de investigar los delitos que afectan a los intereses financieros de la UE, podría aportar una dimensión internacional al caso y aumentar la presión sobre el Gobierno.
La participación de esta instancia supranacional podría interpretarse como un indicio de la gravedad de los hechos investigados y de su posible alcance más allá de las fronteras españolas. Además, su intervención podría dotar de mayor independencia a la investigación, alejándola de posibles injerencias políticas a nivel nacional.
Las consecuencias políticas
Las implicaciones políticas de este caso son enormes. Si la investigación avanza y se confirman los indicios de corrupción, la posición de Sánchez podría volverse insostenible. El líder de Vox, Santiago Abascal, ya ha pedido abiertamente su dimisión, calificándolo de «calamidad histórica».
Por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado al presidente que «todo lo que toca, se deteriora», y le ha exigido que presente un plan de Defensa acorde con las exigencias europeas, los presupuestos de 2025 y que se someta a un nuevo Debate sobre el Estado de la Nación.
La situación es especialmente delicada para Sánchez porque su gobierno depende de una frágil coalición parlamentaria. Para aprobar los presupuestos de 2025, necesitaría el apoyo del PP o de una compleja combinación de partidos que incluiría a Junts, Podemos, PNV, BNG, ERC y Bildu. En este contexto de debilidad, un escándalo de corrupción podría ser el detonante de una crisis política de consecuencias imprevisibles.
La corrupción como lastre político
La historia reciente de España demuestra que los casos de corrupción suelen dejar una huella indeleble en los partidos afectados. El PP pagó un alto precio por la trama Gürtel, que acabó provocando la moción de censura que llevó a Sánchez a La Moncloa en 2018.
Ahora, la situación se ha invertido, y es el PSOE quien se enfrenta a acusaciones de corrupción que podrían tener un impacto electoral devastador. La percepción ciudadana de que «todos son iguales» podría extenderse, alimentando el desencanto con la política tradicional y favoreciendo a opciones más extremas.
En este sentido, resulta paradójico que Sánchez, quien llegó al poder enarbolando la bandera de la regeneración democrática, se vea ahora salpicado por un caso de presunta corrupción que afecta directamente a su entorno más cercano.
Datos curiosos sobre el caso
La investigación a Begoña Gómez ha generado situaciones insólitas en la política española. Por primera vez en la democracia, un presidente del Gobierno ha tomado un «período de reflexión» de cinco días para decidir si continuaba o no en el cargo debido a una investigación judicial que afectaba a su esposa.
Otro hecho sin precedentes es que un juez se desplace a La Moncloa para tomar declaración al presidente, algo que nunca había ocurrido. Además, la petición del magistrado de que el testimonio sea grabado en vídeo añade un elemento de espectacularidad a un caso ya de por sí mediático.
Curiosamente, la denuncia inicial de Manos Limpias se basó exclusivamente en artículos de prensa, como reconoció el propio colectivo. Sin embargo, lo que comenzó como una querella aparentemente débil ha ido ganando entidad hasta convertirse en una amenaza real para la estabilidad del Gobierno.
El caso también ha puesto de manifiesto la compleja relación entre el poder político y el judicial en España. Mientras Sánchez denuncia una «campaña de desprestigio», sus críticos le acusan de intentar interferir en la independencia judicial. En medio de esta batalla, la figura del juez Peinado ha cobrado un protagonismo inesperado, convirtiéndose en uno de los personajes clave de la política española actual.
