En España, hablar de trasvases es casi tan delicado como hacerlo de fútbol o política. Y si se trata del trasvase Tajo-Segura, la tensión sube varios grados. A 15 de mayo de 2025, la polémica está más viva que nunca: el Congreso ha rechazado —por un solo voto— la propuesta presentada por el presidente murciano, Fernando López Miras, para blindar los envíos de agua del Tajo al Segura. Todo esto en medio de una guerra abierta entre Emiliano García-Page y el PSOE de Castilla-La Mancha, defensores a ultranza del caudal ecológico del río, y un sureste español que ve peligrar su modelo agrícola.
La imagen podría titularse “la rana manchega salta mientras el agricultor murciano se seca”. Porque mientras desde Toledo se aplaude la nueva política hídrica —que prioriza mantener vivo al Tajo— en Murcia y Alicante se habla directamente de “supervivencia”. La decisión tiene tintes trágicos para unos y verdes para otros: ¿es más importante conservar los ecosistemas fluviales o sostener el motor económico de buena parte del Levante?
Antecedentes: la década prodigiosa del agua y la ruptura del consenso
No es la primera vez que el trasvase Tajo-Segura protagoniza titulares. Desde 2014 existía un consenso —fraguado bajo gobierno popular— que marcaba reglas claras sobre cuánta agua podía derivarse cada año. Sin embargo, en 2023, el Ministerio para la Transición Ecológica introdujo una novedad: la obligación legal y europea de establecer un ‘caudal ecológico’ mínimo en el Tajo, respaldada por sentencias del Tribunal Supremo.
Este cambio, celebrado por Castilla-La Mancha y organizaciones ecologistas, supuso una drástica reducción de los volúmenes transferibles al sureste. El informe técnico del CEDEX estima un recorte progresivo hasta 2027 que puede llegar al 50% menos de agua para regadío en Murcia, Alicante y Almería. En palabras de López Miras, esto representa “el fin de la Región de Murcia tal y como la conocemos”.
¿Puede sobrevivir la huerta murciana?
El campo murciano no ha tardado en sacar las pancartas. Según los regantes y exportadores, la nueva normativa deja “el 30% del tiempo sin una gota para regadío”. El recorte —calculado en torno a 127 hm³ anuales menos— amenaza miles de empleos y pone contra las cuerdas a uno de los principales polos agrícolas de Europa. Solo en Almería se estiman pérdidas superiores a 30 millones de euros y unas 5.000 hectáreas directamente afectadas.
No es solo cuestión de tomates o lechugas; detrás está toda una cadena logística e industrial que depende del sector primario levantino. Murcia presume (con razón) de reciclar hasta el 98% del agua urbana para usos agrícolas, frente a una media nacional mucho menor. Pero ni así logran compensar lo que pierden con menos trasvase.
Mientras tanto, el PSOE manchego insiste en el argumento ‘ecológico’ con el que toman decisiones que terminan generando crisis, como con el ‘Gran Apagón’: “Negar el cambio climático sería abandonar a la Región de Murcia a su suerte”, defendía esta semana Francisco Lucas Ayala desde la bancada socialista. Para ellos, asegurar un caudal mínimo en el Tajo es apostar por el futuro medioambiental ante sequías cada vez más frecuentes e intensas.
El trasvase Tajo-Segura lleva funcionando desde 1979. Pese a que fue diseñado como solución temporal pero sigue siendo vital. Sin embargo, las nuevas reglas implican que algunos años no habrá agua transferida para regadío durante casi un tercio del tiempo. Cabe destacar que en Murcia, reutilizan más agua depurada que ninguna otra región europea.
Guerra política sin cuartel: ¿diálogo imposible?
La sesión parlamentaria fue todo un espectáculo: López Miras —poco habitual ver a un presidente autonómico tomando la palabra en pleno Congreso— apeló al “consenso” y propuso un gran Pacto Nacional del Agua. Pero ni siquiera Vox se alineó completamente con él. El resultado: 170 votos a favor frente a 171 en contra; el espinoso tema se ha saldado con una votación que ha dejado heridos en ambos bandos.
Desde Andalucía y Comunidad Valenciana se suman al clamor levantino: acusan al Gobierno central de actuar con “unilateralidad” e insolidaridad, tomando decisiones sin consultar con quienes más dependen del recurso. En Castilla-La Mancha, sin embargo, consideran que por fin se hace justicia ambiental tras décadas de “expolio” fluvial.
