La decisión de la jueza Beatriz Biedma de enviar a juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha provocado un terremoto político que ha dejado a La Moncloa en un ridículo insostenible.
El pasado 22 de mayo de 2025, la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz dictaminó la apertura de juicio oral contra el hermano músiso de Pedro Sánchez y otras diez personas, entre ellas Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño, por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias relacionados con su contratación en la Diputación de Badajoz.
La reacción del Gobierno del marido de Begoña no se ha hecho esperar.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, calificó ayer de «sorprendente» la decisión judicial, argumentando que «no es nada habitual que se intente abrir juicio oral sin esperar al criterio de la Audiencia Provincial».
Bolaños añadió que «las prisas no son buenas consejeras para tomar decisiones tan importantes en una causa judicial, y menos sin conocer la decisión del tribunal superior».
El caso que deja en ridículo a La Moncloa
La investigación gira en torno a la supuesta creación y adjudicación irregular de una plaza en la Diputación de Badajoz que David Sánchez ocupó durante casi seis años. La jueza Biedma ha señalado que existen «claros indicios de criminalidad» en este proceso, rechazando los argumentos de la defensa y coincidiendo con la acusación presentada por la organización Manos Limpias.
El auto de apertura de juicio oral se dictó apenas 16 minutos después de que la magistrada rechazara los recursos presentados por cuatro de los acusados, entre ellos David Sánchez, que solicitaban el archivo de la causa. Esta celeridad es precisamente lo que ha provocado las críticas del Gobierno, aunque paradójicamente, estas declaraciones podrían estar dando la razón a quienes sostienen que existe una estrategia para dilatar el proceso judicial.
La maniobra del aforamiento
En medio de este escenario, ha llamado poderosamente la atención la reciente maniobra política de Miguel Ángel Gallardo, quien el pasado 16 de mayo anunció su incorporación como diputado en la Asamblea de Extremadura tras la renuncia de cinco diputados, consiguiendo así el aforamiento en apenas cinco días. Esta decisión ha sido interpretada por algunos medios como un intento de trasladar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), alejándola de un juzgado ordinario.
La estrategia de Gallardo coincide temporalmente con la decisión de la jueza Biedma de abrir juicio oral, lo que ha alimentado las especulaciones sobre una posible coordinación desde La Moncloa para proteger tanto al líder socialista extremeño como al hermano del presidente.
Las contradicciones del Gobierno
El Ejecutivo se encuentra ahora en una posición contradictoria. Por un lado, critica la «sorprendente» celeridad de la jueza Biedma, mientras que por otro, guarda silencio sobre la rapidez con la que Gallardo ha conseguido su aforamiento. Esta aparente incongruencia no ha pasado desapercibida para la oposición, que ve en estas maniobras un intento de interferir en el curso normal de la justicia.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha optado por desmarcarse de la posición oficial del Gobierno, limitándose a declarar: «No entro en causas judiciales, que la Justicia siga su curso», en un gesto que algunos interpretan como un distanciamiento de la estrategia defendida por Bolaños.
El «hermanísimo» y otros casos que cercan a Sánchez
Este caso se suma a otras causas judiciales que afectan al entorno más cercano del presidente, como la investigación a su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, o las que afectan al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y al exministro José Luis Ábalos.
La acumulación de frentes judiciales ha llevado a algunos analistas a hablar de un «asedio» al presidente, quien ve cómo las investigaciones avanzan «a paso firme» y amenazan con sentar en el banquillo a personas de su círculo más íntimo.
La defensa judicial y la posición de la Fiscalía
Es relevante destacar que la Fiscalía de Badajoz había solicitado el cierre del proceso al considerar que no existían «indicios racionales suficientes de delito, sino únicamente suposiciones e hipótesis». Sin embargo, la jueza Biedma ha decidido continuar adelante con el procedimiento, amparándose en la doctrina del Tribunal Supremo que otorga legitimidad a la acusación particular para solicitar por sí sola la apertura del juicio oral, incluso cuando la Fiscalía haya pedido el archivo.
La defensa de David Sánchez ahora dispone de cinco días para formular alegaciones y presentar un recurso ante la Audiencia Provincial, aunque la jueza ha advertido que este recurso no tendrá efectos suspensivos sobre el curso actual de la causa.
Las implicaciones políticas
El caso del «hermanísimo» llega en un momento políticamente delicado para Pedro Sánchez, con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina y un desgaste acumulado por los diversos casos que afectan a su entorno. La oposición no ha tardado en aprovechar esta situación para cuestionar la integridad del Gobierno y su respeto por la separación de poderes.
La estrategia de defensa adoptada por La Moncloa, criticando la celeridad judicial mientras se beneficia de maniobras políticas para dilatar los procesos, podría acabar teniendo un efecto boomerang en términos de credibilidad institucional.
El entramado familiar y los «enchufes»
Este caso reabre el debate sobre lo que algunos medios han denominado «el nepotismo sanchista», una práctica que habría llevado a colocar a familiares y allegados en puestos de relevancia. Además de David Sánchez, también se ha cuestionado la contratación de Luis María Carrero, exasesor de Moncloa al que el hermano del presidente llamaba «querido hermanito» y que acabó con un puesto junto a él en la Diputación de Badajoz.
La jueza Biedma ha señalado en sus autos que existen indicios de que personas «del entorno más cercano» del músico habrían propiciado la creación de la plaza que ocupó durante casi seis años, una afirmación que algunos interpretan como una alusión velada al propio presidente del Gobierno.
Datos curiosos sobre el caso
La celeridad con la que la jueza Biedma dictó el auto de apertura de juicio oral (apenas 16 minutos después de rechazar los recursos) contrasta con los casi seis años que David Sánchez ocupó el puesto en la Diputación de Badajoz. La magistrada ha sido contundente al señalar que existen «claros indicios de criminalidad» en la creación y posterior adaptación del puesto de coordinador de Actividades de los Conservatorios que ocupó el hermano del presidente.
Otro dato llamativo es que la causa contra David Sánchez se inició a raíz de una denuncia de Manos Limpias, la misma organización que ha presentado acusaciones contra Begoña Gómez, esposa del presidente. Esta coincidencia ha sido utilizada por algunos sectores para cuestionar la legitimidad de las acusaciones, aunque la jueza ha considerado que existen elementos suficientes para continuar con el procedimiento.
Por último, resulta interesante observar cómo el caso ha generado divisiones dentro del propio Gobierno, con Yolanda Díaz optando por una posición más neutral frente a la defensa más activa de Bolaños, evidenciando las tensiones internas que estos procesos judiciales están provocando en la coalición gubernamental.
