No tienen vergüenza.
Ni dignidad.
Ni memoria, por Sánchez, Patxi López y los del PSOE olvidan a los socialistas asesinados por ETA, para seguir sentados en sus bien pagados sillones.
La excarcelación de José Javier Arizkuren Ruiz, alias «Kantauri», ha provocado una nueva tormenta política en España y un sonrojo generalizado.
El histórico dirigente de ETA, único terroristas procesado por el secuestro y asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco en 1997, ha salido de prisión este fin de semana gracias a la vomitiva reforma legal que permite a los presos etarras descontar de sus condenas el tiempo cumplido en cárceles francesas.
Esta decisión del Gobierno Sánchez se enmarca en una serie de medidas que han beneficiado a decenas de terroristas en los últimos años, y que la oposición interpreta como concesiones a EH Bildu para garantizar la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo. La salida de «Kantauri» resulta especialmente dolorosa para las víctimas del terrorismo, al tratarse del último encausado por uno de los crímenes más conmocionantes de la historia reciente de España.
El caso Kantauri: un historial de sangre
José Javier Arizkuren Ruiz acumula condenas que suman más de 600 años de prisión por ordenar múltiples atentados, entre ellos el asesinato del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su esposa Ascensión García. También se le atribuye el intento de asesinato del rey Juan Carlos en Mallorca en 1995 y el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.
Ingresó en prisión en diciembre de 2001 y cumplía una condena máxima de 30 años. Sin embargo, gracias a la reforma legal aprobada en 2024, ha podido descontar los 7 años y 8 meses que pasó encarcelado en Francia, adelantando así su excarcelación prevista inicialmente para 2031.
Lo más controvertido del caso es que «Kantauri» es el único exjefe de ETA que sigue procesado por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, después de que la Audiencia Nacional archivara en octubre de 2024 la investigación contra los otros tres procesados: Mikel Albisu («Mikel Antza»), Ignacio Gracia Arregi («Iñaki de Rentería») y María Soledad Iparraguirre («Anboto»). El tribunal consideró entonces que la responsabilidad de estos tres había prescrito, algo que no ocurría con «Kantauri», quien ya había sido procesado por estos hechos en 2016 por el juez Eloy Velasco.
La reforma legal que abrió la puerta
La modificación de la ley orgánica 7/2014, aprobada en el Congreso en octubre de 2024, ha permitido convalidar las penas cumplidas en Francia a unos 44 presos etarras, según los cálculos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Esta reforma, que pasó aparentemente desapercibida en su tramitación parlamentaria, ha sido uno de los cambios legislativos más polémicos de la legislatura.
La ley permite que los etarras puedan descontarse una media de 7,8 años por preso, lo que «no sólo acorta la estancia en prisión sino los plazos para que accedan al tercer grado y a la libertad condicional», según denunció la AVT. Entre los beneficiados se encuentran algunos de los terroristas más sanguinarios de la banda, como Francisco Javier García Gaztelu, alias «Txapote», implicado en los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, Fernando Múgica y José Luis López de la Calle.
La reforma transpone una normativa de la UE para homogeneizar el cumplimiento de las penas en los países miembros, evitando que una persona cumpla por un mismo delito dos o más condenas en diferentes Estados. Sin embargo, cuando esta adaptación se aprobó inicialmente en 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy, incluía una disposición adicional de 36 palabras que impedía que la norma beneficiara a los presos de ETA.
Un patrón de concesiones a Bildu
La excarcelación de «Kantauri» se suma a una larga lista de medidas que han beneficiado a los presos de ETA desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Desde 2019, ya son 48 los presos etarras a los que la justicia ha concedido la libertad condicional, 13 de ellos en los últimos 12 meses, según datos de la AVT.
El acercamiento de presos a cárceles del País Vasco, la progresión a terceros grados y ahora esta reforma legal que permite descontar las penas cumplidas en Francia han sido interpretados por la oposición como cesiones a EH Bildu, formación que sostiene la gobernabilidad del Ejecutivo de coalición.
Los críticos con estas medidas señalan que se han implementado sin exigir a los terroristas su colaboración en el esclarecimiento de los más de 300 asesinatos de ETA que siguen sin resolver. En el caso de «Kantauri», Instituciones Penitenciarias destacó en su momento que había aceptado la legalidad penitenciaria y renunciado a la violencia, lamentando el dolor causado a las víctimas y admitiendo su responsabilidad, pero sin colaborar en la resolución de crímenes pendientes.
El dolor de las víctimas
La salida de prisión de «Kantauri» supone un nuevo golpe para las víctimas del terrorismo, especialmente para la familia de Miguel Ángel Blanco, que ve cómo el único procesado por su asesinato queda en libertad antes de que se celebre el juicio.
Este caso contrasta con la indiferencia que algunas víctimas están mostrando ante la excarcelación de etarras, como ocurrió recientemente cuando ocho víctimas desistieron de oponerse a la libertad condicional de una terrorista tras 28 años en prisión. Este fenómeno refleja el cansancio y la resignación de muchas víctimas ante lo que perciben como una política penitenciaria que favorece sistemáticamente a los terroristas.
Un futuro incierto para la memoria de las víctimas
Con la excarcelación de «Kantauri» y la previsible salida de prisión de otros históricos dirigentes de ETA como «Txapote» en los próximos meses, se cierra un capítulo doloroso de la historia reciente de España, pero se abre otro igualmente complejo sobre la memoria, la justicia y la reparación a las víctimas.
La política penitenciaria del Gobierno Sánchez ha conseguido el respaldo parlamentario de EH Bildu, pero ha generado un profundo malestar en las asociaciones de víctimas y en una parte importante de la sociedad española que considera que se está produciendo una revisión de la historia que beneficia a los verdugos sin que estos hayan colaborado en el esclarecimiento de los crímenes.
El caso de «Kantauri» resulta paradigmático: un terrorista condenado a más de 600 años de prisión por múltiples asesinatos y único procesado por uno de los crímenes más emblemáticos de ETA, sale de prisión tras cumplir apenas 24 años efectivos de condena, sin haber colaborado con la justicia y gracias a una reforma legal aprobada con el apoyo de los herederos políticos de quienes justificaron la violencia terrorista.
¿Sabías que ETA asesinó a 864 personas durante sus más de 50 años de actividad terrorista? De ellas, 22 eran niños. Y que a día de hoy, más de 300 asesinatos siguen sin resolverse por la falta de colaboración de los exmiembros de la banda. La política de reinserción individual, que debería estar basada en el arrepentimiento y la colaboración con la justicia, ha derivado en la práctica en una excarcelación progresiva de los terroristas sin que se hayan cumplido estos requisitos esenciales para la verdadera reconciliación.
