Amanecía este martes en Valencia con un despliegue policial poco habitual incluso para la ciudad del Turia: agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpían en la vivienda de José Luis Ábalos, exministro de Transportes y, hasta hace no tanto, peso pesado del PSOE y hombre de confianza de Pedro Sánchez.
La operación, ordenada por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, busca esclarecer el papel de Ábalos en el llamado ‘caso Koldo’, una trama que amenaza con dejar cicatrices profundas en el socialismo español y en la credibilidad del Gobierno.
Lo que hasta hace unos meses parecía una tormenta lejana para el actual diputado (ahora en el Grupo Mixto tras su salida abrupta del PSOE), se ha convertido en un huracán judicial que ha llegado hasta la puerta de su propio domicilio. Los investigadores buscan pruebas sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales —en metálico y en especie— a cambio de contratos públicos, tanto sanitarios como de obra pública, durante los meses más críticos de la pandemia.
Los detalles detrás del registro: comisiones, manuscritos y chalés
El registro no es un episodio aislado ni un simple trámite. Según las pesquisas recogidas por la Fiscalía Anticorrupción y reflejadas en distintos informes policiales, los indicios contra Ábalos tienen más capas que una cebolla valenciana. Se investiga si disfrutó del uso de un chalet en Cádiz facilitado por la trama, si una expareja suya se benefició durante años del pago del alquiler de un apartamento madrileño costeado por empresas implicadas y si hubo entregas periódicas de dinero que pasaban primero por las manos de Koldo García —su inseparable asesor y epicentro de este escándalo— para acabar repartidas entre los implicados.
No faltan mensajes intervenidos, burofaxes reclamando rentas pendientes ni testimonios que apuntan a una sofisticada operación para “dar apariencia de legalidad” a movimientos muy poco ortodoxos. El propio Ábalos ha alegado en sede judicial que solo fue usuario temporal del chalet y que fue desahuciado por impago —un argumento que, visto lo visto, no ha convencido ni a los investigadores ni al Supremo—.
Las ramificaciones políticas: PSOE al borde del ataque de nervios
El impacto político es inmediato y devastador. El PSOE, partido al que perteneció Ábalos hasta hace apenas tres meses, intenta desmarcarse a marchas forzadas del escándalo. La imagen del exministro —a quien Pedro Sánchez confió carteras tan sensibles como Fomento o Transportes— bajo sospecha judicial, pone nervioso incluso al militante más fiel. En Ferraz ya nadie pronuncia su nombre sin bajar la voz.
Por si fuera poco, el caso amenaza con salpicar no solo a antiguos colaboradores directos como Koldo García sino también a otras figuras relevantes del partido. La oposición aprovecha cada nuevo titular para recordar las sombras sobre la gestión socialista durante la pandemia y exigir explicaciones al presidente Sánchez, quien hasta ahora ha optado por el silencio sepulcral.
¿Qué busca exactamente la UCO? Las pistas calientes
El registro realizado desde primeras horas —con presencia incluso de la abogada personal de Ábalos— se centra especialmente en localizar documentación relacionada con adjudicaciones bajo sospecha: contratos públicos firmados durante los peores meses del COVID-19, supuestos amaños en obras públicas y pagos opacos a intermediarios influyentes. Parte clave son los manuscritos atribuidos a Koldo García, cuya letra se está convirtiendo en uno de los documentos más analizados por los peritos judiciales este año.
Se trata, según fuentes jurídicas consultadas, de seguir el rastro económico hasta sus últimas consecuencias: desde transferencias bancarias sospechosas hasta pagos en efectivo y bienes inmuebles disfrutados por personas cercanas al exministro. Todo ello bajo la atenta mirada mediática y política, pues cualquier hallazgo relevante podría precipitar nuevas imputaciones o incluso detenciones.
El factor humano: Ábalos entre la incredulidad y la defensa
Mientras tanto, José Luis Ábalos mantiene su versión: niega cualquier tipo de enriquecimiento ilícito o trato preferente relacionado con las adjudicaciones bajo investigación. Su entorno denuncia una “cacería política” y asegura que colaborará “con total transparencia” con la justicia. Sin embargo, las pruebas acumuladas y las contradicciones detectadas han llevado al Supremo a dar luz verde a esta medida excepcional.
En paralelo, Koldo García, principal implicado en la trama y antiguo hombre fuerte dentro del Ministerio, sigue siendo pieza clave para entender cómo se tejieron los contactos entre empresarios y altos cargos durante aquellos convulsos meses. Su testimonio y sus agendas manuscritas pueden convertirse en dinamita política si confirman lo apuntado por los informes policiales.
Curiosidades y datos llamativos sobre el caso
- El registro ha comenzado poco después de las siete de la mañana, coincidiendo con el inicio habitual de actividad judicial pero despertando a más de un vecino curioso en Valencia.
- Se investiga también si otros inmuebles vinculados indirectamente al exministro fueron utilizados como tapaderas para movimientos económicos opacos.
- Entre los documentos analizados figuran correos electrónicos donde Ábalos sugería propiedades concretas para ser adquiridas por presuntos testaferros.
- La abogada presente durante el registro es una letrada especializada en derecho penal económico muy conocida en círculos políticos valencianos.
- El caso ha reactivado las tensiones internas dentro del PSOE valenciano, donde algunos sectores piden una depuración profunda mientras otros reclaman “presunción de inocencia”.
- La noticia ha generado tal expectación mediática que varios programas matinales han desplazado equipos completos a Valencia para cubrir minuto a minuto cualquier novedad.
La investigación sigue abierta… Y visto lo visto, promete dar aún muchas vueltas más antes del cierre estival.
