Lo que nadie puede negar es que el marido de Begoña ha hecho mérito.
Y que si en España hay Justicia digna de ese nombre, algo le tiene que caer encima y gordo.
çLa política española nunca ha sido apta para cardíacos, pero pocas veces los pasillos del Partido Socialista Obrero Español han olido tanto a pólvora como en las últimas semanas.
El famoso “horizonte penal” de Pedro Sánchez ya no es solo un titular de tertulia: es la preocupación central de ministros, asesores y hasta del personal de cafetería en la sede de Ferraz.
Todo apunta a un verano más caliente que las aceras del centro de Madrid, con la amenaza real de ver al presidente del Gobierno asomarse al banquillo o, lo que es peor para los suyos, marcharse por la puerta de atrás antes de agosto.
Las investigaciones judiciales sobre el entorno presidencial —con especial mención al marido de Begoña Gómez, camino del procesamiento formal— han encendido todas las alarmas.
No se trata solo del drama personal, sino del riesgo sistémico para un PSOE que ve cómo los casos judiciales se multiplican como gremlins mojados.
El caso Begoña Gómez y el efecto dominó en Moncloa
El “caso Begoña Gómez”, lejos de cerrarse, suma capítulos como una telenovela venezolana. La esposa del presidente está siendo investigada por presuntas irregularidades relacionadas con adjudicaciones públicas y relaciones con grandes empresas tecnológicas. En los próximos días, altos directivos de firmas como Google Spain, Indra y Telefónica serán citados a declarar ante el juez por inversiones vinculadas a un software relacionado con Gómez. La sombra de conflicto de intereses y tráfico de influencias es cada vez más alargada.
Pero la cosa no queda ahí. El cerco judicial ya se extiende a otros miembros del clan Sánchez: su hermano David también está siendo investigado por presuntos delitos contra la administración pública, mientras el fiscal general del Estado podría tener que declarar por una filtración de datos reservados en otro frente judicial que afecta al círculo íntimo del presidente.
“No llega a agosto”: la frase prohibida que recorre los despachos socialistas
Si algo caracteriza al PSOE es su capacidad para aparentar calma en medio del huracán. Sin embargo, las últimas filtraciones hablan claro: “No llega a agosto”. Esa frase resuena como un mantra fatalista en los despachos socialistas. Incluso figuras históricas y miembros del equipo más próximo al presidente han reconocido que el desgaste es “irreversible”. El ambiente es tan lúgubre que las caras largas abundan más que nunca entre diputados y cargos medios.
Se ha debatido incluso la posibilidad de una retirada ordenada, un “paso al lado” antes del colapso total. Pero Pedro Sánchez, fiel a su estilo incombustible, habría rechazado esa opción en redondo: “No la veo”, cuentan que dijo tajante ante sus colaboradores. El problema es que ahora mismo las alternativas parecen igual de dramáticas para el partido: sustitución exprés y convocatoria electoral tras el verano o aguantar hasta el último minuto con un presidente amortizado y sin margen de maniobra.
Un calendario judicial demoledor para 2025
El año 2025 ha arrancado con un calendario judicial digno de película negra. La agenda está repleta de citas con los tribunales para figuras clave del sanchismo, desde viejos conocidos como José Luis Ábalos —investigado por tramas relacionadas con contratos públicos— hasta nuevos protagonistas como Santos Cerdán, ex secretario de organización socialista, citado tras ser señalado por la Guardia Civil como engranaje esencial en un presunto cobro sistemático de comisiones ilegales.
La presión no solo viene por causas individuales. Por primera vez desde la Transición democrática, se baraja abiertamente la posibilidad de que todo un partido —el propio PSOE— pueda ser considerado responsable penalmente bajo el artículo 31 bis del Código Penal si se confirma que actuó como “organización criminal” para saquear fondos públicos. No es una metáfora ni una exageración retórica: es derecho penal puro y duro.
El horizonte penal lo marca todo: consecuencias imprevisibles
La situación roza lo surrealista: ministros pendientes del móvil a cada rato, diputados temiendo perder su escaño por contagio reputacional y hasta rumores sobre qué figura asumiría un hipotético relevo exprés si Sánchez dimite forzado por los acontecimientos judiciales. Y mientras tanto, la oposición —con el Partido Popular y Vox frotándose las manos— espera paciente a que caiga la pieza mayor.
Entre los analistas políticos cunde la idea de que estamos ante una crisis institucional sin precedentes recientes. Si finalmente Sánchez tuviera que dimitir antes del verano —como vaticinan fuentes internas— España podría verse abocada a unas elecciones anticipadas o a un gobierno interino salido a toda prisa del propio PSOE.
Eso sí: nadie descarta giros inesperados. En Moncloa algunos especulan con que el presidente podría intentar lanzar alguna noticia bomba para desviar la atención mediática o ganar tiempo mientras se resuelve parte del embrollo judicial. Pero ni siquiera las tácticas más audaces parecen capaces ya de revertir la inercia negativa.
Curiosidades y datos llamativos sobre el caso
- El término “horizonte penal” se ha convertido en trending topic nacional varias veces durante junio.
- Los abogados penalistas consultados coinciden: si prosperan las acusaciones más graves, el PSOE podría enfrentarse no solo a multas millonarias sino incluso a su disolución jurídica como partido político.
- En redes sociales circulan memes comparando a Ferraz con una comisaría provisional dada la cantidad de imputaciones en curso.
- Es la primera vez desde 1982 que un presidente socialista afronta tantas causas abiertas simultáneamente sobre su círculo íntimo.
- Algunos veteranos socialistas ya han desempolvado viejos manuales sobre gestiones interinas y protocolos para designar candidatos exprés… por si acaso.
El caso aún tiene cuerda para rato; pero lo único seguro es que este verano será recordado como uno de los más movidos —y judicializados— en la historia reciente del socialismo español.
