Les importan un comino la Justicia, la Democracia o España.
En la antesala de un viernes que se prevé histórico, Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional (TC), ha puesto rumbo hacia la aprobación exprés de la amnistía que podría beneficiar al fugado Carles Puigdemont.
Lo hace sin esperar pronunciamiento de los tribunales europeos, desatando una tormenta política y judicial que promete dejar huella en la crónica reciente de España.
El núcleo de la polémica: un escueto documento de siete páginas, que servirá para rechazar consultas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y allanar el camino para declarar constitucional una ley que ha dividido a la sociedad y fracturado al propio tribunal.
La decisión, acelerada y con sabor a maniobra de manual, se produce en un contexto donde las prisas parecen haberse impuesto sobre el debate sosegado, según denuncian voces críticas dentro del propio TC.
Uno de sus magistrados ha afeado públicamente a Pumpido que “no hay una auténtica deliberación”, apuntando directamente al calendario político que rodea la sentencia sobre la amnistía. No es solo una cuestión jurídica: es también una batalla por los tiempos y las formas en el máximo órgano de garantías.
La ponencia Montalbán: aval casi total con incógnitas sobre la malversación
La encargada de redactar el borrador ha sido Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del TC y mano derecha de Pumpido. Su ponencia, aunque extensa —cerca de 200 páginas—, pivota en torno a un argumento central: “El legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícitamente”. Esta interpretación permite salvar el escollo principal alegado por el Partido Popular (PP): que la Carta Magna no reconoce expresamente la amnistía pero sí prohíbe los indultos generales. Para Montalbán, indulto y amnistía son instituciones diferentes y la inconstitucionalidad de uno no arrastra al otro.
El texto respalda la ley en sus puntos esenciales —incluida su justificación como medida para favorecer “la reconciliación” y canalizar el conflicto catalán por vías políticas—, pero deja fuera del foco cuestiones como el delito de malversación por el que está imputado Puigdemont. De hecho, el futuro judicial del expresidente catalán sigue en manos del Tribunal Supremo, encargado último de levantar o mantener las medidas cautelares contra él.
Europa, espectadora forzada: Pumpido cierra filas
Pese a las presiones internas —especialmente del bloque conservador del tribunal— para elevar una cuestión prejudicial al TJUE, Pumpido ha optado por rechazar cualquier consulta a Europa antes de dictar sentencia. En un movimiento calculado, ha desestimado tanto suspender el procedimiento como incluir el debate europeo en el pleno. El presidente del TC considera que no es procedente ni oportuno solicitar opinión al tribunal europeo en esta fase.
Esta negativa ha generado profundo malestar entre los magistrados disidentes. Se lamentan no solo por lo que consideran una “maniobra” para hurtar debate sobre aspectos esenciales, sino también porque dos informes técnicos contrarios a la amnistía han sido excluidos del expediente oficial. Los críticos lo ven como un episodio más del estilo “decide todo y por todos” atribuido al presidente del Constitucional.
Prisas judiciales y división interna: un pleno bajo tensión
El ritmo impuesto desde Presidencia ha acortado los plazos habituales. En menos de un año desde que se publicara la ley en junio de 2024, el TC habrá dado respuesta al recurso principal y previsiblemente allanará el camino para resolver los recursos restantes con similar celeridad. La rapidez no es solo consecuencia del calendario vacacional: también responde a los equilibrios políticos necesarios para garantizar estabilidad gubernamental y facilitar el retorno de Puigdemont, uno de los socios prioritarios del Ejecutivo.
Sin embargo, esta urgencia ha avivado la fractura interna. Magistrados como César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel han solicitado sin éxito paralizar el procedimiento hasta obtener claridad europea. Sus peticiones han sido sistemáticamente rechazadas por Pumpido tras consulta con Montalbán, alimentando la percepción de que las mayorías progresistas imponen su criterio sin apenas debate real.
“No hay una auténtica deliberación”, lamentó uno de los magistrados críticos ante las “prisas” por sentenciar una ley tan trascendental para España.
¿Y ahora qué? El futuro inmediato tras el aval a la amnistía
Aunque todo apunta a que el TC declarará constitucional la ley —salvo aspectos menores—, el regreso automático de Puigdemont no está garantizado. El Tribunal Supremo aún debe pronunciarse sobre las cautelares vigentes contra él. Además, queda abierta la puerta a que otros tribunales españoles puedan plantear cuestiones prejudiciales ante Europa tras conocerse la sentencia definitiva. La última palabra sobre si Puigdemont podrá pisar suelo español sin ser detenido podría depender aún de Bruselas o Luxemburgo… aunque con retraso respecto al calendario político español.
Claves curiosas y datos llamativos
- El documento clave para rechazar consultas europeas tiene solo siete páginas; mientras tanto, la ponencia completa ronda las 200.
- Nunca antes una decisión tan relevante se había tramitado con tanta premura en el TC: menos de doce meses desde que se presentó el recurso.
- Tres magistrados conservadores han presentado informes técnicos contrarios a la amnistía; ninguno figura oficialmente en el expediente final.
- Si bien la sentencia puede allanar el camino jurídico para Puigdemont, su vuelta dependerá más del Supremo… y quizá, en última instancia, ¡de algún tribunal europeo al que ahora se le da esquinazo!
- La ley afecta tanto a independentistas como a policías nacionales encausados por su actuación en 2017; una amnistía transversal pero polémica.
La política española vive días intensos donde lo jurídico se mezcla con lo político y lo europeo observa desde la barrera. Lo único seguro: España sigue siendo terreno fértil para titulares sorprendentes y debates eternos.
