Sólo le ha faltado sacarse la chorra y mearles encima.
Porque estos golpistas catalanes y Jordi Turull es de los más empecinado, no se cortan un pelo.
Tienen cogidos por las pelotas a Pedro Sánchez y cuadrilla y los zarandean como muñecos.
Con recohineo.
En una semana marcada por la tensión institucional, Turull, secretario general de Junts, ha dejado a más de uno boquiabierto al reivindicar abiertamente su papel como redactor principal de la Ley de Amnistía.
No lo hizo en un tono discreto ni con falsa modestia.
Al contrario, lo declaró en público, restregando a Pedro Sánchez y al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que fue él quien dio forma jurídica a una norma que ha hecho tambalear los cimientos del Estado y alimenta las suspicacias sobre quién manda realmente en España.
Este gesto de Turull no es menor.
Marca un nuevo episodio en la pugna entre el independentismo catalán y el Gobierno Frankenstein, poniendo en evidencia hasta qué punto las concesiones del marido de Begoña han sido capitalizadas por quienes, hace apenas unos años, estaban sentados en el banquillo por atentar contra el orden constitucional.
Turull, lejos de esconderse, ha utilizado su autoría para legitimar ante su parroquia el éxito político del separatismo: no solo han logrado una amnistía impensable en 2018, sino que ahora presumen abiertamente de haberla redactado ellos mismos.
Mientras tanto, Sánchez guarda silencio y Pumpido trata de mantener la compostura institucional. Pero la carcajada política resuena en Cataluña y más allá.
Aquí Jordi Turull confirma que la amnistía fue redactada por él mismo, por políticos, para amnistiar a políticos. No busca beneficiar a la sociedad, sino que es una autoamnistía.
Espero que el TJUE pare este despropósito jurídico. pic.twitter.com/AcafHqbNFv
— Sergio (@littlemoix) June 27, 2025
El Tribunal Constitucional avala la amnistía y rechaza consultar a Europa
En paralelo al festival separatista, el Tribunal Constitucional ha dado esta semana un paso clave: la mayoría progresista ha cerrado filas para respaldar la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, rechazando la petición del Partido Popular para plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esto significa que el TC no preguntará a Europa si esta amnistía encaja o no con los principios básicos del derecho comunitario y dejará fuera del debate cualquier interferencia europea—al menos, desde su propio tribunal.
Esta decisión no ha estado exenta de polémica interna. Los magistrados conservadores —Concepción Espejel, Enrique Arnaldo y César Tolosa— han elevado un voto particular demoledor acusando al bloque progresista liderado por Conde-Pumpido de ningunear las obligaciones europeas y “borrar” los delitos del procés sin garantías suficientes para el Estado de Derecho. Señalan que se incumple así la doctrina europea sobre autoamnistías y corrupción política.
Para añadir sal a la herida, el propio presidente del Constitucional ha justificado que su función es “control abstracto” sobre la ley española y que no hay obligación formal de consultar con Luxemburgo. En palabras menos diplomáticas: “Aquí mandamos nosotros”.
El Supremo mantiene viva la batalla europea
Pero la historia no termina ahí. Aunque el TC haya cerrado la puerta a Europa, el Tribunal Supremo ya ha dejado claro que podría ser él quien acuda finalmente al TJUE para clarificar si esta amnistía vulnera los principios comunitarios. La posibilidad sigue abierta porque hay jueces dispuestos a defender ante Bruselas que perdonar delitos como los cometidos durante el procés puede contravenir normas superiores europeas, especialmente en materia de corrupción o terrorismo.
De hecho, algunos tribunales españoles ya han planteado cuestiones prejudiciales ante Luxemburgo en otros asuntos similares. Si finalmente el Supremo decide seguir este camino —como ya anticipan fuentes jurídicas—, podría abrirse un nuevo frente internacional que pondría aún más presión sobre Sánchez y sus socios independentistas.
Sánchez entre dos fuegos: concesiones políticas e indignación institucional
El papel del presidente del Gobierno es cada día más complicado. Por un lado, necesita los votos separatistas para sostenerse en La Moncloa. Por otro, ve cómo estos mismos socios se atribuyen públicamente haber impuesto una ley tan polémica como personalista. La imagen de Turull presumiendo de redactor jefe incomoda enormemente al PSOE y erosiona aún más la confianza institucional.
La oposición popular —con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza— ha aprovechado para denunciar que esta ley “no es fruto del consenso democrático”, sino “un pago” directo a quienes desafiaron al Estado. Y aunque desde Moncloa se minimiza el alcance político del gesto de Turull, lo cierto es que cada día resulta más difícil sostener el discurso oficial sobre una amnistía supuestamente pensada para “reconciliar” a los españoles.
Una ley hecha a medida… con marca registrada
No deja de resultar irónico —y digno de sátira política— que quien se sienta orgulloso de haber escrito una ley pensada para borrar su propio historial penal sea precisamente uno de los protagonistas principales del procés. Pero este es el país donde las paradojas se convierten en rutina parlamentaria. Al menos ahora nadie puede decir que no sabe quién está detrás del texto: Turull lo proclama sin rubor.
En este contexto:
- El independentismo presume abiertamente.
- El Constitucional blinda legalmente la norma.
- El Supremo prepara su asalto europeo.
- Y Sánchez trata —con poco éxito— de mantener unido un Gobierno cada vez más condicionado por exigencias externas.
Curiosidades y datos llamativos
- La mayoría progresista del TC (6-4) ha sido clave para validar una ley contestada por más de treinta recursos e impugnaciones.
- La vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, fue autora del borrador favorable a la amnistía.
- Aunque el TC diga “no” a Europa por ahora, hay hasta cuatro jurisdicciones españolas con dudas sobre su encaje comunitario.
- El Supremo podría mantener las órdenes nacionales contra Puigdemont, Comín y otros líderes mientras dure el tira y afloja legal.
- El PP pidió expresamente apartar a Conde-Pumpido por posibles conflictos éticos; fue rechazado por mayoría.
- Según algunos expertos citados en medios recientes, España se enfrenta a un escenario inédito: nunca antes una norma impulsada por condenados había sido redactada… ¡por ellos mismos!
La política española nunca decepciona. Y menos aún cuando quienes deberían estar preocupados por su futuro judicial se convierten en legisladores estrella con licencia para escribir su propia historia.
