Se mean en la democracia y en los jueces.
En una escena digna de los mejores episodios de la política española, Pedro Sánchez ha decidido condecorar a José Luis Rodríguez Zapatero con la máxima distinción judicial, la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, generando una ola de indignación en los círculos jurídicos y políticos.
Esta distinción, que históricamente reconoce los servicios excepcionales prestados a la Justicia y al Derecho, se ha visto envuelta en una tormenta mediática y profesional que pone en cuestión el sentido mismo del reconocimiento público en España.
El acto tuvo lugar en Madrid, presidido por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y sirvió además para homenajear a título póstumo al activista gay socialista Pedro Zerolo.
La fecha elegida no fue casual: se conmemoraba el 20 aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario en España, uno de los principales hitos políticos del mandato de Zapatero.
Un galardón reservado para juristas… salvo excepción política
La Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort está destinada, según la normativa vigente, a premiar méritos relevantes en el ámbito jurídico: jueces, fiscales, abogados del Estado y personalidades del Derecho con trayectorias excepcionales. Sin embargo, la concesión a Zapatero —cuyo principal mérito es haber impulsado reformas legislativas desde el Ejecutivo— ha encendido todas las alarmas entre quienes consideran que se ha roto la tradición de neutralidad institucional y profesionalidad que caracterizaba a este reconocimiento.
Resulta cuanto menos llamativo que mientras muchos magistrados del Tribunal Supremo no han recibido nunca esta distinción, sí lo haga ahora un expresidente cuya relación con la Administración de Justicia es indirecta. La decisión ha sido calificada por algunos juristas como “un acto de politización miserable” y un “insulto” al prestigio del galardón.
“Todo lo que tocáis lo adulteráis”, llegó a reprochar el exmagistrado Antonio Salas Carceller al Ejecutivo, evidenciando una ruptura sin precedentes entre parte de la judicatura y el Gobierno.
Renuncias en cadena: la respuesta del Supremo
El movimiento más impactante fue protagonizado por dos exmagistrados del Tribunal Supremo: Antonio Salas Carceller y Javier Borrego Borrego. Ambos anunciaron públicamente su renuncia a la Gran Cruz tras ver cómo se entregaba también a Zapatero y Zerolo. Entre los argumentos esgrimidos destaca la pérdida total del valor simbólico y profesional del galardón. Para estos veteranos juristas (con 43 y 49 años de servicio respectivamente), ya no supone un honor ostentar una distinción que consideran “adulterada”.
No solo ellos han alzado la voz. Diversos abogados y familiares de condecorados han expresado su “estupor” ante lo que consideran una banalización del mérito jurídico. Las redes sociales se han llenado de testimonios recordando trayectorias profesionales intachables que recibieron esta cruz por redactar leyes clave o salvar miles de empleos durante crisis económicas.
Una distinción en mitad del escándalo político
La polémica llega en un momento especialmente delicado para el Gobierno socialista. La concesión coincide con nuevas informaciones sobre la presunta financiación ilegal vinculada al régimen venezolano y al papel desempeñado por Zapatero en la llamada “trama Koldo” —lo que incrementa aún más las sospechas sobre las motivaciones políticas detrás del galardón.
En círculos críticos se interpreta este reconocimiento como un intento explícito del Ejecutivo por blindar simbólicamente a figuras clave del socialismo español frente a los escándalos judiciales e investigaciones abiertas.
Justicia, orgullo LGTBI y estrategia gubernamental
No puede obviarse el contexto ideológico del acto. El Ejecutivo ha querido vincular el homenaje al aniversario del matrimonio igualitario y al avance de los derechos LGTBI en España —uno de los principales legados políticos reivindicados tanto por Zapatero como por Pedro Zerolo—. El evento ‘Orgullo y Justicia’ sirvió como plataforma para escenificar este maridaje entre política progresista e instituciones estatales.
En palabras del propio Zapatero:
“La lucha por la igualdad es una tarea siempre inacabada porque la democracia es una promesa abierta”.
Sin embargo, para muchos profesionales no basta con haber impulsado leyes sociales para merecer el máximo reconocimiento judicial si no se ha ejercido como jurista o contribuido directamente a la Administración de Justicia.
¿Insulto o simple anécdota? La paradoja española
La reacción del mundo jurídico ha sido casi unánime: desde asociaciones judiciales hasta exmagistrados, pasando por abogados veteranos e incluso familiares directos de otros galardonados. Todos coinciden en que la decisión erosiona gravemente el valor simbólico y profesional del premio.
Mientras tanto, desde Moncloa prefieren destacar el legado social vinculado a las reformas legales impulsadas durante el mandato socialista. La controversia parece lejos de apagarse —y no faltan quienes ironizan sobre si pronto veremos entregar distinciones jurídicas a políticos por aprobar presupuestos generales o inaugurar rotondas.
Curiosidades y datos sobre el caso
- La Gran Cruz solo puede ostentarla un máximo de 200 españoles vivos; salvo excepciones previstas para miembros del Gobierno o concesiones reales.
- El acto ‘Orgullo y Justicia’ se celebra cada año desde 2024 para reivindicar hitos legislativos LGTBI.
- En redes sociales circula ya el término “Raimunda-gate” para referirse a este episodio.
- No es habitual que magistrados renuncien públicamente a esta condecoración; este caso marca un precedente histórico.
- La cruz fue creada en 1944 bajo el franquismo para premiar méritos jurídicos sobresalientes; su politización ha sido mínima hasta fechas recientes.
