Las ‘feministas socialistas’ Lastra y Calvo conocían los acosos sexuales de Salazar desde hace 6 años y los encubrieron

Como Ábalos, el putero irredento que proclama ser feminista porque era socialista, pero en versión femenina.

El verano político ha estallado en la sede del PSOE.

No por la canícula, sino por un caso que erosiona la credibilidad de quienes han abanderado el feminismo institucional en España.

Adriana Lastra y Carmen Calvo, históricas referentes del ala más combativa en cuestiones de igualdad dentro del socialismo, se encuentran ahora bajo los focos no por sus discursos, sino por su silencio ante las denuncias de acoso sexual protagonizadas por Paco Salazar, estrecho colaborador de Pedro Sánchez y figura clave en la maquinaria orgánica del partido.

Según informaciones publicadas recientemente, ambas dirigentes tenían conocimiento desde 2019 de las conductas inapropiadas y reiteradas de Salazar hacia compañeras del partido.

Sin embargo, no sólo no activaron los protocolos internos, sino que —según fuentes internas citadas— optaron por mirar hacia otro lado hasta que la presión de las bases y la filtración a los medios hizo insostenible el encubrimiento.

En palabras poco diplomáticas pero reveladoras: “Salazar les tiraba los trastos a todas, era consumidor de prostitución y de todo”, sostiene una fuente interna recogida en los relatos publicados estos días.

Una reacción tardía y un silencio atronador

El detonante ha sido la inminente designación de Salazar como adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, lo que provocó la rebelión de varias trabajadoras del partido. Hasta entonces, las voces críticas apenas se oían fuera del círculo más íntimo, mientras que las responsables con peso —como Lastra y Calvo— mantenían la compostura pública e incluso evitaban cualquier referencia al asunto.

En el reciente Comité Federal del PSOE, celebrado en Madrid, tanto Sánchez como Calvo han reclamado contundencia: “No puede haber piedad en el PSOE contra quien atente contra la integridad de los cuerpos de las mujeres”, afirmó la expresidenta del Consejo de Estado. Sin embargo, nadie ha explicado aún por qué estas denuncias no circularon a través de los canales internos del partido, tal como exige el código ético socialista y los protocolos aprobados tras otros escándalos similares. Resulta irónico que sea ahora, una vez aireado el caso en prensa, cuando se pida a las militantes “utilizar los canales” internos para denunciar comportamientos indebidos.

El feminismo institucional ante el espejo

El episodio Salazar pone en evidencia un fenómeno recurrente en la política española: la distancia entre el discurso oficial y la práctica interna. El PSOE ha presumido durante años —no sin razón— de haber impulsado leyes pioneras contra la violencia machista y a favor de los derechos igualitarios. No obstante, cuando el problema brota dentro de sus propias filas, el compromiso parece diluirse entre intereses orgánicos y lealtades personales.

• Lastra, según fuentes citadas, “no lo podía ni ver” pero nunca formalizó ninguna denuncia.
• Calvo “lo tenía calado”, pero tampoco activó ningún mecanismo interno ni advirtió públicamente del peligro.
• Solo cuando un grupo de empleadas amenazó con hacer pública su protesta si Salazar ascendía al núcleo duro del partido, se aceleraron las reacciones.

La imagen proyectada es devastadora para un partido que se reivindica abolicionista (el último Comité Federal anunció la expulsión automática para militantes que consuman prostitución) y pionero en códigos éticos y oficinas de cumplimiento normativo. La pregunta es obvia: ¿de qué sirve tanta norma si sus garantes no las aplican cuando afecta a uno de los suyos?

Consecuencias políticas e impacto mediático

La renuncia forzada de Paco Salazar a sus responsabilidades institucionales —y al futuro cargo orgánico— no ha apaciguado el malestar interno ni externo. Varios barones territoriales han mostrado su perplejidad ante lo ocurrido; desde Andalucía hasta Galicia se multiplica el runrún sobre si Ferraz tapó durante años un caso que podría haberse atajado mucho antes. Los adversarios políticos —y especialmente el Partido Popular— han encontrado munición fácil para poner en cuestión la coherencia moral del socialismo gobernante.

En paralelo, numerosos colectivos feministas independientes han criticado duramente lo ocurrido. Recuerdan que ni Lastra ni Calvo son ajenas a campañas públicas contra otros partidos cuando han surgido denuncias similares. La doble vara es ya carne de meme en redes sociales: “Mucho 8M, pero poco 365 días”, rezaba uno de los mensajes más compartidos.

Protocolo reformado… después del escándalo

En respuesta al escándalo, el PSOE ha anunciado una reforma exprés tanto del protocolo interno contra el acoso sexual como del código ético: a partir de ahora, cualquier militante sorprendido consumiendo prostitución será expulsado automáticamente. Sánchez ha reivindicado que “el feminismo en el PSOE no es postureo”, aunque para buena parte de la militancia ese mensaje llega tarde.

La paradoja es amarga: quienes construyeron su capital político sobre la denuncia pública ahora son objeto precisamente de aquello contra lo que luchaban. Un ejemplo más —dicen algunos analistas— de cómo la realidad acaba superando al relato cuidadosamente elaborado.