El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) ha acabado, al menos temporalmente, con los planes del Gobierno de Pedro Sánchez de instalar en este municipio y de forma permanente a 400 inmigrantes ilegales en el Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE).
Para ello, ha notificado al centro el cese temporal de su actividad tras comprobar que las instalaciones no disponen de la licencia como uso residencial sino para actividades docentes, razón por la que ha acusado el Gobierno central de «negligencia institucional» ante la posibilidad de que inmigrantes ilegales fueran trasladados al centro desde Canarias.
La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, ha recordado que la orden de cese de actividad se da «porque el centro carece de licencia para operar como lo está haciendo, por lo que actuamos de la misma manera que haríamos con cualquier otro establecimiento que supiéramos que incumple la normativa. Lo que pretende el Gobierno de España es una ilegalidad y una temeridad».
Tejero ha reiterado también que «si no se permite a un colegio operar sin licencia, por qué los inmigrantes tienen que tener un trato peor estando en un centro que no tiene la licencia preceptiva». Por todo ello, la regidora ha reiterado que el Gobierno «tiene que cumplir la legalidad igual que un vecino o un autónomo pide su licencia para hacer obras en su casa o para abrir su negocio».
Una vez que haya sido notificado el cierre, el centro cuenta con 15 días de plazo para presentar alegaciones, si bien deberán cumplir con el cese de actividad y el Gobierno deberá reubicar a los inmigrantes ilegales allí alojados en otras instalaciones.
