La política española se despierta una vez más con el nombre de Baltasar Garzón en los titulares.
El exjuez, condenado por prevaricación e inhabilitado por once años tras ordenar escuchas ilegales a abogados implicados en el caso Gürtel, vuelve al foco mediático por una petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Ahora, siguiendo el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, se solicita no solo el borrado de sus antecedentes penales, sino también una “reparación integral” que incluye indemnización por los daños sufridos en lo que la ONU calificó como un “proceso arbitrario”.
La solicitud no es menor: implica que España cumpla con las recomendaciones internacionales y revise uno de los casos judiciales más polémicos del último cuarto de siglo.
El fiscal Manuel Campoy ha instado al tribunal a exigir al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que acate el dictamen internacional y borre cualquier mancha legal del historial de Garzón.
El argumento central es que la condena vulneró sus derechos fundamentales y no garantizó ni la imparcialidad ni las garantías procesales mínimas exigibles.
Antecedentes: De magistrado estrella a condenado por prevaricación
Para entender este episodio hay que remontarse a 2012, cuando el Tribunal Supremo consideró probado que Garzón había ordenado la intervención de las comunicaciones entre los principales acusados del caso Gürtel y sus abogados en la prisión de Soto del Real. La sentencia fue contundente: “Adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa sin razón mínimamente aceptable”. La condena fulminó su carrera judicial y lo catapultó al estrellato mediático… pero por motivos menos nobles.
En ese proceso, Garzón perdió su plaza en la Audiencia Nacional y se vio privado del derecho a recurrir ante una segunda instancia. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, tras analizar el caso, determinó en 2021 que su inhabilitación fue arbitraria y exigió al Estado español una reparación integral: borrar los antecedentes penales, compensar económicamente al afectado y publicar el dictamen en el Boletín Oficial del Estado.
¿Quién es quién en los tres procedimientos contra Garzón?
La peripecia judicial del exjuez no se limita al caso Gürtel. En su carrera acumuló hasta tres procedimientos relevantes:
- Caso Gürtel: La intervención ilegal de las conversaciones entre abogados e imputados le valió la condena por prevaricación.
- Investigación sobre los crímenes del franquismo: Fue suspendido cautelarmente tras abrir juicio oral por investigar delitos cometidos durante el franquismo, un asunto que dividió a la judicatura y a la opinión pública española.
- Financiación irregular del Banco Santander: Aunque este procedimiento fue archivado, puso en evidencia las conexiones internacionales del magistrado y levantó sospechas sobre su imparcialidad.
En todos ellos, Garzón actuó como protagonista absoluto, generando tanto admiración como rechazo entre sus colegas y adversarios políticos.
El enriquecimiento tras la caída: ¿Cómo se ha hecho millonario?
A pesar del varapalo judicial, Baltasar Garzón no ha caído en desgracia económica. Desde su salida de la judicatura ha sabido rentabilizar su imagen pública:
- Ha ejercido como abogado internacional, coordinando defensas mediáticas como la del fundador de Wikileaks, Julian Assange.
- Ha trabajado como consultor para gobiernos extranjeros y organismos internacionales.
- Su vinculación con operaciones financieras opacas ha sido objeto de debate y especulación, aunque nunca se le han atribuido delitos económicos probados ante tribunales españoles.
- Está casado con Dolores Delgado, exministra de Justicia y Fiscal General del Estado, lo que ha generado controversias adicionales sobre posibles conflictos de intereses dentro del Ministerio Fiscal.
Su fortuna personal ha ido creciendo gracias a conferencias, asesorías y colaboraciones internacionales. Según algunas crónicas periodísticas, Garzón habría acumulado un patrimonio considerable desde su salida forzada de la Audiencia Nacional.
El dictamen internacional que lo cambia todo
El giro radical llega cuando entra en escena el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En 2021 este organismo dictaminó que el proceso contra Garzón fue arbitrario: no garantizó ni la imparcialidad judicial ni el acceso a doble instancia para recurrir. Exigió al Estado español:
- Borrar los antecedentes penales
- Indemnizar económicamente al exjuez
- Publicar el dictamen en el BOE
- Impulsar reformas normativas para evitar casos similares en el futuro
La Fiscalía española recoge ahora ese guante internacional e insta a cumplirlo. El Ministerio Público entiende que mientras persista esa mancha legal sobre Garzón se perpetúa una vulneración constitucional.
La política detrás del proceso
El caso Garzón nunca ha sido sólo judicial; siempre ha tenido un fuerte componente político. Su perfil mediático y su proximidad ideológica a sectores progresistas han convertido cada paso judicial en un campo minado para ministros y fiscales. No es casualidad que sea ahora —con Pedro Sánchez en Moncloa— cuando se da este paso hacia su rehabilitación.
Además, la relación personal con Dolores Delgado (exministra y fiscal) añade más leña al fuego político. El Supremo dictaminó que Delgado no podía ocupar determinados cargos si su pareja ejercía actividades mercantiles incompatibles con la función fiscal. Sin embargo, sigue ostentando puestos relevantes en materia de Derechos Humanos dentro del Ministerio Fiscal.
Curiosidades y datos relevantes
- Baltasar Garzón instruyó algunos sumarios históricos como los GAL o el procesamiento internacional contra Augusto Pinochet.
- Ha publicado numerosos libros sobre derecho internacional y justicia transicional.
- En redes sociales mantiene un perfil activo defendiendo causas progresistas y denunciando “lawfare” contra figuras políticas.
- Su defensa jurídica a Julian Assange le dio proyección internacional tras su caída nacional.
- El dictamen internacional que hoy impulsa su rehabilitación fue firmado hace cuatro años; hasta ahora ningún gobierno español había dado pasos efectivos para cumplirlo.
En definitiva, Baltasar Garzón sigue siendo un personaje poliédrico: juez caído en desgracia, referente para parte de la izquierda española, abogado global… Y ahora puede convertirse en símbolo internacional para quienes denuncian arbitrariedades judiciales. ¿Reparación histórica o simple lavado de imagen? Como diría aquel refrán judicial: “No hay juez sin pasado ni proceso sin sorpresas”.
