Pinchazo a la vista.
En el Congreso, la política española nunca decepciona: cuando parece que una reforma crucial avanza, la realidad parlamentaria la frena en seco.
Así le ha ocurrido al asalto a la Justicia, disfrazado de reforma, impulsado por Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que se encuentra estancada en la Cámara Baja, repitiendo el accidentado destino de la célebre ‘ley Begoña’.
Lo que iba a ser una modernización histórica del sistema judicial ha terminado, de momento, en un embrollo político de primera magnitud.
La Comisión de Justicia del Congreso se reúne por primera vez desde mayo, pero el esperado proyecto de ley brilla por su ausencia en la agenda.
Las maniobras políticas, los vetos cruzados y la presión de los socios minoritarios han dejado al Gobierno en una posición incómoda y con la reforma bloqueada.
Esta mujer es única.
Cada vez que habla reparte leches a Bolaños. Grande @cayetanaAT 👏👏👏🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦👏👏👏👏🇪🇦🇪🇦🇪🇦👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/sMsSZ9pjCd— Princess (@vezapurpura) May 22, 2025
Una reforma con nombre propio y demasiados intereses
La propuesta de Bolaños pretendía actualizar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y transformar el acceso a las carreras judicial y fiscal, en línea con lo que el Ejecutivo denomina “la mayor transformación de la Justicia en décadas”. El objetivo oficial: adaptar el proceso penal español a los estándares europeos, situando al Ministerio Fiscal al frente de la instrucción y blindando el sistema de becas para jueces y fiscales. El plan incluía, además, la digitalización del sistema y la creación de tribunales de instancia, entre otros cambios técnicos.
Sin embargo, el contexto en el que se impulsa la reforma la ha convertido en un polvorín. La sombra de la llamada ‘ley Begoña’ —bautizada así por la oposición en alusión a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, investigada por tráfico de influencias— planea sobre cualquier intento de modificar el sistema judicial. Los críticos denuncian que la reforma no solo busca modernizar la justicia, sino también blindar al entorno familiar del presidente y dificultar la acción popular en causas sensibles, lo que supondría una alteración de las reglas del juego democrático.
Junts y los socios del Gobierno: de aliados a obstáculos
En la aritmética parlamentaria, cada voto cuenta y los equilibrios son delicados. Aunque Junts colaboró inicialmente con el PSOE para sortear las enmiendas a la totalidad de PP y Vox, la formación de Carles Puigdemont ha presentado 29 enmiendas parciales que chocan frontalmente con la Constitución, como la creación de un tribunal supremo catalán y la supresión de la Audiencia Nacional.
El partido independentista catalán, lejos de facilitar el trámite, ha advertido que la reforma es una “eliminación de la acusación popular” y una “reforma encubierta de la Constitución”, postura que ha enfriado cualquier posibilidad de acuerdo. Además, Junts reclama que los jueces en Cataluña hablen catalán y la creación de un CGPJ catalán, demandas que el PSOE difícilmente puede aceptar sin incendiar el panorama institucional.
Otros socios habituales del Ejecutivo tampoco se han mostrado entusiastas. Las reticencias de formaciones como ERC o el PNV, sumadas al rechazo frontal del PP y Vox, han dejado al Gobierno sin los apoyos necesarios para sacar adelante una ley que, en teoría, iba a tramitarse por vía de urgencia. El resultado: el proyecto duerme el sueño de los justos, como le ocurrió a la ley Begoña, que tras nueve meses ni siquiera ha sido tomada en consideración en el Pleno del Congreso.
Alerta judicial: el CGPJ y la Comisión de Venecia entran en escena
La situación no ha pasado desapercibida para el poder judicial, que ha dado la voz de alarma ante lo que considera un intento del Ejecutivo de intervenir la Justicia. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han advertido a la Comisión de Venecia —el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional— de que “no hay precedentes” de que un jefe de Gobierno en ejercicio hable abiertamente de “lawfare” o guerra judicial contra su propio entorno, poniendo en cuestión la separación de poderes y la independencia judicial.
La Comisión de Venecia, ante la gravedad de la situación, ha convocado encuentros con representantes de los tres poderes del Estado, tras una petición expresa del CGPJ motivada por la inacción política para reformar el sistema de elección de sus miembros. La preocupación va más allá de las fronteras nacionales y sitúa a España en el centro del debate europeo sobre la politización de la Justicia.
El trasfondo: la ley Begoña y la acusación popular en el punto de mira
La ley Begoña —técnicamente, Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas— se presentó en enero como una respuesta a lo que el PSOE consideraba un uso espurio de la acusación popular por parte de grupos “ultras”. Sin embargo, la mayoría de la judicatura la percibió como un intento de limitar la tutela judicial y blindar al entorno de Sánchez ante causas por corrupción.
El texto eliminaba la acción popular en la mayoría de los delitos, salvo en casos de corrupción, genocidio o lesa humanidad, y suprimía la posibilidad de que los partidos políticos se personaran en causas judiciales. Además, la reforma pretendía impedir a los jueces admitir querellas basadas en informaciones periodísticas, endurecer los motivos para recusar a jueces y suprimir el delito de ofensa a los sentimientos religiosos del Código Penal.
La disposición transitoria única contemplaba que los cambios se aplicarían a procesos en curso, lo que afectaría de lleno a las investigaciones sobre Begoña Gómez, el hermano del presidente y el fiscal general del Estado. Todo quedaría en manos del Ministerio Fiscal, cuyo titular ha pedido en reiteradas ocasiones el archivo de los casos que afectan al Gobierno.
